The MARM separates the dam with the extension of the power station of Santo Estevo
Sat, 15/05/2010
El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino salió al paso de la información publicada por ABC acerca de la aprobación de la declaración de impacto ambiental para la ampliación de la central hidroeléctrica del embalse de Santo Estevo, en la cuenca del Sil, pese a la existencia de informes críticos con el proyecto.
A través de un comunicado, el MARM quiso desvincular la presa de Santo Estevo del aprovechamiento hidroeléctrico que en ella tiene lugar. Según explicó, «tras las consultas preliminares y después de someter el estudio de impacto ambiental a información pública, ninguno de los organismos consultados (...) indicó dudas en relación con la estabilidad geotécnica de la zona».
El Ministerio elude explicar por qué dicha declaración no contó con un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), pese a que el embalse está ubicado en una zona de especial sensibilidad tectónica. En cualquier caso, deriva a la eléctrica que explota la central hidroeléctrica, Iberdrola, la responsabilidad de que se cumplan «las exigencias ambientales».
Esta compañía reconoció, a través de otro comunicado remitido a este periódico, que la declaración de impacto ambiental de la ampliación de la central de Santo Estevo afirma que se trata de una zona «de condiciones constructivas desfavorables». Iberdrola añadió que el citado informe también recoge que «el condicionante geomorfológico no es determinante, por lo que desde un punto de vista geotécnico se puede considerar que la roca es sobradamente competente para resistir las bajas tensiones transmitidas por las excavaciones y cimentaciones de los distintos elementos estructurales que compondrán la central hidroeléctrica». La eléctrica tampoco explica las razones por las que no se consultó al IGME para esta construcción. El Consello de la Xunta aprobó el «plan Auga» que procura garantizar que en 2013 el 85% de la población cuente con un sistema de abastecimiento acorde con la normativa de la UE y la totalidad de los habitantes en 2025, para lo que se habilitará una partida de 822 millones de euros.
A través de un comunicado, el MARM quiso desvincular la presa de Santo Estevo del aprovechamiento hidroeléctrico que en ella tiene lugar. Según explicó, «tras las consultas preliminares y después de someter el estudio de impacto ambiental a información pública, ninguno de los organismos consultados (...) indicó dudas en relación con la estabilidad geotécnica de la zona».
El Ministerio elude explicar por qué dicha declaración no contó con un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), pese a que el embalse está ubicado en una zona de especial sensibilidad tectónica. En cualquier caso, deriva a la eléctrica que explota la central hidroeléctrica, Iberdrola, la responsabilidad de que se cumplan «las exigencias ambientales».
Esta compañía reconoció, a través de otro comunicado remitido a este periódico, que la declaración de impacto ambiental de la ampliación de la central de Santo Estevo afirma que se trata de una zona «de condiciones constructivas desfavorables». Iberdrola añadió que el citado informe también recoge que «el condicionante geomorfológico no es determinante, por lo que desde un punto de vista geotécnico se puede considerar que la roca es sobradamente competente para resistir las bajas tensiones transmitidas por las excavaciones y cimentaciones de los distintos elementos estructurales que compondrán la central hidroeléctrica». La eléctrica tampoco explica las razones por las que no se consultó al IGME para esta construcción. El Consello de la Xunta aprobó el «plan Auga» que procura garantizar que en 2013 el 85% de la población cuente con un sistema de abastecimiento acorde con la normativa de la UE y la totalidad de los habitantes en 2025, para lo que se habilitará una partida de 822 millones de euros.