La Xunta, a través de Augas de Galicia, ha decidido poner coto a los excesos en la explotación de los ríos por parte de las empresas eléctricas. La Consellería de Medio Ambiente acaba de licitar un estudio para determinar sobre una base técnica y científica el caudal ecológico en las cuencas fluviales de su competencia, tanto en aquellos ríos con aprovechamientos hidroeléctricos (embalses y minicentrales) como en los que carecen de ellos.

La iniciativa de Augas de Galicia surge en paralelo a las denuncias sobre cauces secos tramitadas por la Fiscalía y colectivos ecologistas, aunque el organismo dependiente del departamento que dirige Agustín Hernández ya trabajaba en la aplicación en el ámbito autonómico de la Directiva Marco del Agua, que fue traspuesta al marco legislativo estatal en el 2003. Esta normativa de la UE deja claro que los caudales ecológicos o mínimos deben considerarse una restricción que con carácter general debe imponerse a las explotaciones hidráulicas, independientemente del régimen concesional que disfruten. En el caso de Galicia, muchas de estas concesiones se tramitaron durante el franquismo, sin revisión posterior alguna.

El estudio, que la Xunta ha licitado con un presupuesto estimado de 700.000 euros, determinará los metros cúbicos de agua que deberán circular cada segundo por los ríos de Galicia-Costa, las cuencas que discurren íntegramente por territorio gallego y que, por tanto, son de competencia autonómica. Esta investigación conllevará un estudio del caudal actual y un posterior ajuste al hábitat fluvial concreto. Se tendrá en cuenta la variable estacional e incluso se determinará mes a mes tanto el cauce mínimo como el máximo, pues la suelta masiva de agua en épocas de lluvia puede ser igualmente perjudicial para las especies fluviales. Incluso se valorará lo que se denomina tasa de cambio, «co obxecto de evitar unha variación brusca dos caudais», se asegura en el pliego de licitación de Augas de Galicia.

A esta fase técnico-científica seguirá un proceso de concertación con los agentes implicados (empresas, colectivos ecologistas y de pescadores, etcétera) que tratará de consensuar estas medidas en los casos en que suponga una variación significativa de las condiciones de explotación. A pesar de esta voluntad de consenso, el objetivo es que las eléctricas respeten los caudales establecidos y, por tanto, estarían obligadas a llevar a cabo las obras necesarias para asegurarlos una vez que sean determinados de forma definitiva. Este sería el caso de la presa del Eume, que no cuenta con un dispositivo de desagüe en la parte inferior de la presa que garantice la continuidad del caudal.

Según explican fuentes de Augas de Galicia, en paralelo a la elaboración de este informe técnico, la consellería prepara una normativa para obligar a las empresas a cumplir los parámetros establecidos. Este nuevo marco legislativo podría estar listo a finales del 2011 e impedirá que las empresas que disfruten de la concesión sobreexploten los ríos, logrando un beneficio hidroeléctrico añadido a costa de rebajar el caudal mínimo del río.

El trabajo de campo se realizará de forma especial en cauces aguas abajo de presas, en zonas protegidas o que cuentan con presencia de especies en peligro.