La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha manifestado públicamente en varias ocasiones su orgullo por el hecho de que Andalucía está elaborando la primera ley que ordena un cultivo en España y en la Unión Europea, el olivar, lo que en su opinión reforzará el liderazgo mundial de la comunidad autónoma en este sector, considerado «estratégico». Sin embargo, a la larga tramitación parlamentaria que hace decir al Partido Popular que la ley «nace muerta», se le añaden otras críticas al proyecto legislativo. Las voces discrepantes que ahora se suman a las críticas proceden de las filas ecologistas. Así, la asociación WWF cuestiona el anteproyecto básicamente por fomentar el regadío de un cultivo que consideran que «tradicionalmente es de secano», pese a la evidencia de que, desde hace ya muchos años, los olivareros están optando por el riego. WWF considera que el olivar de regadío tiene un grave impacto sobre los ríos y acuíferos, y critica que, «debido a una falta de planificación estratégica y a una desacertada Política Agraria Común, el olivar ocupa casi la mitad de la superficie de regadío de toda la cuenca del Guadalquivir (47,5 por ciento), con un consumo de agua equivalente al de ocho millones de personas al año, el doble de la población de toda la cuenca».Esta organización ecologista recuerda que el Anteproyecto de Ley del Olivar, que ha asumido algunas alegaciones previas a su aprobación por el Consejo de Gobierno el pasado mes de febrero, tendría como meta «el mantenimiento y mejora del cultivo del olivar en Andalucía y el desarrollo sostenible de sus territorios». No obstante, consideran que la propuesta contradice este propósito, al incluir medidas que fomentan el olivar de regadío, que ya utiliza cerca de 570 hectómetros cúbicos de agua al año, por lo que se pondría en riesgo el buen estado de ríos y acuíferos y el cumplimento de objetivos ambientales, como la Directiva Marco de Agua de la UE. Además, WWF advierte que la intensificación del olivar prevista acarrea más riesgos ambientales, como los debidos a la contaminación por un mayor uso de fertilizantes y productos fitosanitarios, algo que ya sucedió en los embalses de Zocueca o Iznájar. Por otra parte, la producción intensiva de olivar, sin las prácticas adecuadas, puede acelerar la erosión y desertificación ya existentes en gran parte de las zonas olivareras, comprometiendo el futuro de la propia actividad agraria.WWF apoya el cultivo del olivar tradicional de secano, incluyendo buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la erosión. Además, es partidaria de campañas de información que permitan al consumidor diferenciar y apoyar este tipo de producciones, por los valores ambientales que conservan. En este sentido, la ley contempla una figura que desde el punto de vista ecologista se considera interesante: la de los 'contratos territoriales para las fincas olivareras', que permitirán conjugar objetivos ambientales, sociales y económicos.Enrique Segovia, director de conservación de WWF España, concluye que «la Junta debe apoyar al olivar de secano, que tiene un alto potencial para conservar la naturaleza y asegurar la actividad agrícola a largo plazo». Esta opinión contrasta con la de organizaciones agrarias como Asaja, que precisamente había pedido una reforma del texto del anteproyecto por considerar que no fomentaba la «competividad» del olivar, sino que se limitaba a actuar sobre el sector como si se tratase «de un mero recurso medioambiental». La consejera Aguilera ha sido sensible al argumento de Asaja y, tras el Consejo de Gobierno que aprobó el anteproyecto, advirtió que «o le añadimos una mayor competitividad a la futura Ley del Olivar, o no estaremos invirtiendo en futuro».