La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, pretende recortar en un 40% los caudales del Júcar que abastecen el riego de los agricultores valencianos, según denunció ayer AVA-Asaja, que insta «a la unidad de todos los políticos y académicos para defender lo que históricamente y legítimamente corresponde a nuestros regantes».

La CHJ ha propuesto a representantes de las comunidades de regantes valencianas y manchegas y de los gobiernos de ambas autonomías reducir a 435 hectómetros cúbicos anuales la dotación de agua para los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar. En la actualidad, la suma de las concesiones del Júcar a los regantes valencianos es de 725 hectómetros.

Según han explicado técnicos de la Asociación Valenciana de Agricultores, que asistieron a la reunión celebrada en Albacete en la que se presentó la propuesta de la CHJ, este organismo ha rebajado de nuevo su anterior propuesta de reducción de caudales para riegos en el curso bajo del río. La primera intención era dejar la dotación en 504 hectómetros, lo que ya suponía una rebaja del 30,5%, que ahora se incrementa al 40%.

Este objetivo se cumpliría cuando finalicen las obras de instalación del riego a goteo en toda la superficie de cultivo de la Acequia Real del Júcar, cuyas obras se encuentran al 50% actualmente y está previsto que concluyan hacia 2015. AVA ha instado «a la unidad» en defensa de los intereses hidrológicos valencianos sobre el Júcar, «porque nos estamos jugando mucho de nuestro futuro en la reforma del Plan Hidrológico y debemos contar con el mayor apoyo posible a nuestras reivindicaciones de toda la sociedad civil valenciana, tanto de políticos como de científicos». Este llamamiento de AVA se hace más notable tras conocer que CastillaLa Mancha ha contratado el apoyo y asesoramiento de un equipo universitario de 17 especialistas en materia hídrica.

Si se llevara a efecto tan sensible reducción de los caudales del Júcar que llegan a Valencia, llevaría a unas cuotas o asignaciones de agua de riego por hectárea que serían «inasumibles», porque técnicamente serían insuficientes para poder desarrollar los cultivos actuales con unos mínimos de viabilidad. En consecuencia se tendrían que abandonar plantaciones y se reducirían también producciones en las comarcas valencianas que ahora riegan del Júcar.

Pero la voluntad de recortes de la CHJ no acaba ahí. También se plantean rebajas en las dotaciones de agua por hectárea, tanto en aprovechamientos superficiales como subterráneos, para que "cuadren" las cuentas globales, y la presión en aumento de Castilla-La Mancha para conseguir más agua a costa de los aprovechamientos valencianos llega plantear que se revise el convenio de Alarcón.

Según dicho acuerdo, suscrito en julio de 2001 por Eduardo Zaplana y José Bono, entonces presidentes valenciano y castellano-manchego; Jaume Matas, que era ministro de Medio Ambiente, y los representantes de las comunidades de regantes valencianos, implica que el Estado reconoce en favor de estos la propiedad del embalse de Alarcón a cambio de ceder la gestión. Pero a los regantes valencianos se les reserva unos caudales mínimos de uso exclusivo, por debajo de los cuales no se puede derivar agua para otros usos.

Lo más llamativo es que Castilla-LaMancha despliega grande recursos en apoyo de sus intereses y en diversas líneas, frente al aparente silencio y sumisión de los repreRebaja. Los regadíos tradicionales valencianos tienen derecho a 725 hectómetros cúbicos al año del Júcar. La CHJ quiere reducirlos a 435 para aumentar dotaciones en La Mancha, que busca renegociar el convenio de Alarcón.

En Albacete y Cuenca se habla de que "ya está bien de privilegios valencianos" y de que ahora "nos toca a nosotros". Y de momento casi nadie les contesta con rigor.