La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia emitida el pasado 24 de noviembre por la que se declara nulo de pleno derecho el decreto que justifica, entre otros, el trasvase del río Castril para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

La sentencia final del Supremo fue dada a conocer ayer por la Plataforma en Defensa del Río Castril, que está personada en el proceso judicial y se opone al trasvase por considerar que 'es innecesario' y causará 'graves daños' a los ecosistemas de la zona, según informó a Europa Press el portavoz del colectivo, Miguel Ortiz.

Tras conocer la decisión del Alto Tribunal, ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que paralice 'de inmediato' las obras del trasvase y las expropiaciones de las fincas afectadas por los trabajos. A su juicio, la anulación del Decreto de Sequía 1419/2005 'confirma las irregularidades con las que se están desarrollando las obras del trasvase del río Castril' y acusó a las distintas instituciones implicadas de 'buscar excusas' para justificar el proceso, confiando a su vez en que 'sepan reaccionar' a esta sentencia y 'actúen en consecuencia'.

Aunque contra la sentencia del Tribunal Supremo no cabe recurso ordinario -según se publicó el pasado 1 de marzo en el Boletín Oficial del Estado-, Ortiz se mostró convencido de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 'intentará buscar cobertura legal por otro lado' para que las obras salgan adelante.

Así las cosas, la Plataforma en Defensa del Río Castril propone que ahora se cree una figura de protección para el valle y el río, de modo que 'sea patrimonio de todos y sirva como un elemento más de desarrollo sostenible a las comarcas de Baza y Huéscar'.

Además, también ha solicitado que se abra una mesa de negociación en la que estén representadas todas las partes afectadas en el conflicto para buscar una alternativa para ceder agua a Baza sin perjudicar al entorno natural del río.