La sentencia de la Audiencia Nacional que ha avalado el cambio del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, y que exige que se cumpla el plan de cuenca en vigor (caudal para beber y regar) ha supuesto, también, un nuevo revés para los regantes. Según el fallo, los futuros beneficiarios del agua perdieron sus derechos a decidir sobre el uso del caudal el 29 de julio de 2005, día en el que el Ministerio rompió el convenio que éstos tenían con Aguas del Júcar desde el 13 de julio de 2001. De esta forma, y a poco menos de un año para que el caudal de Cullera comience a llegar a Villena, el Gobierno central tiene en sus manos la competencia para decidir cómo repartir los hasta 80 que deben llegar todos los años. En estos momentos, está en vigor otro convenio suscrito el 29 de marzo de 2007 entre Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que ésta es la intermediaria con «quienes finalmente resulten titulares de los derechos de aprovechamiento del agua trasvasada que serán los usuarios finales de la obra», según recuerda el dictamen judicial. La resolución obliga, por tanto, a que el presidente de la Junta Central, Andrés Martínez y su homólogo en la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, negocien un nuevo convenio porque, si no se llegara a un acuerdo, el Ministerio podría repartir el agua como crea conveniente. En estos momentos, en el seno del propio Ministerio no hay un consenso completo sobre cuál debe ser el uso del agua del trasvase. Mientras, el secretario de Estado de Medio Rural y Marino, Josep Puxeu (Madrid) tiene claro que el caudal debe servir para todos los usos y así lo viene defendiendo desde julio de 2009. En Aguas del Júcar (Valencia), existen más dudas, sobre todo por la presión que soportan desde los colectivos antitrasvase. Fuentes de la Junta Central apelaron, no obstante, a que la situación no termine abriendo un nuevo frente después del acercamiento de posturas de los últimos meses. Aguas del Júcar enfatizó, por su parte, que la Audiencia Nacional no sólo ha desestimado la petición principal que realizó la Junta Central en su demanda, la de que se anulara el cambio de trazado, sino que «también desestima la obligatoriedad de que el Gobierno estableciera los mecanismos para que los caudales del trasvase sirvieran para el abastecimiento y el regadío de todos los cultivos en las comarcas del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja». De hecho, la sentencia señala, según subrayó ayer Aguas del Júcar en una nota de Prensa, que, «resuelto el convenio suscrito en su día entre Aguas del Júcar y la Junta Central no existe título alguno por el que los recurrentes tengan derecho a un determinado uso de los caudales que se transporten por la conducción», según interpretación de la sentencia de Aguas del Júcar. En el mismo párrafo se señala, no obstante, que dichos caudales «se destinarán, como ya se ha dicho, a los usos y las preferencias legalmente previstas». Recordar que el trasvase Júcar-Vinalopó se debe regir por el PHC del Júcar, aún vigente, en el que, según la Junta Central de Usuarios, se estableció que el agua que llegue a la provincia debe servir para todos los usos. Única fórmula para que la infraestructura sea viable económicamente. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional notificó anteayer a las partes la desestimación del recurso de la Junta Central contra el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó entre el Azud de la Marquesa y Villena.