El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, escenificó ayer, acompañado del vicepresidente Juan Cotino y la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, el frente común formado por el Ejecutivo autonómico y los regantes de la Comunidad Valenciana en la defensa del trasvase del Ebro. Durante el encuentro, puramente institucional y en el que algunos agricultores se quedaron con ganas de intervenir, el jefe del Consell trasladó a las comunidades de regantes la necesidad de mostrarse firmes en el documento aprobado el pasado viernes por el Consell en el que, entre otros puntos, se exige al Gobierno el mantenimiento del Tajo-Segura tal como se diseñó; que el Júcar-Vinalopó sirva para todos los usos (agrícola y consumo urbano) y la recuperación del trasvase del Ebro, infraestructura que el Consell sigue considerando estratégica para garantizar el agua que necesita la Comunidad Valenciana. Camps contó con el refuerzo de Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, ya que si se fija una reserva hídrica en el Tajo (Estatuto castellano-manchego) Valencia se quedará sin caudales para su desarrollo. Francisco Camps aseguró tras la reunión que el debate de tensión interterritorial sobre el agua «no tiene sentido» y reclamó «solidaridad» con las necesidades de la Comunidad Valenciana, al igual que esta región «entiende» las prioridades de otras. Camps se pronunció así tras reunirse con casi una treintena de representantes de comunidades y sindicatos de regantes de la comunidad para reclamar el agua como un recurso de dominio público puesto que los recursos hídricos, como la energía, son un recurso «nacional». «Entendemos las prioridades de otros territorios pero tienen que comprender que nosotros tenemos nuestras necesidades y que no se puede cortar la posibilidad de seguir creciendo», manifestó el presidente. Camps volvió a defender que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 debe continuar «con vida» porque hasta el momento «no ha habido alternativa» a ese plan para cubrir las necesidades de la Comunidad Valenciana, en clara alusión al fracaso de las desaladoras del Programa Agua. Por su parte, tanto la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana, José Pascual, afirmaron que la reserva de 6.000 hectómetros cúbicos de agua propuesta en el Estatuto de Castilla-La Mancha supone un «expolio». Según Barberá, si se hace esa reserva de agua, «se nos expropia Alarcón, el pantano que acoge mayor nivel de agua y se nos expropian derechos, concesiones y recursos estratégicos». La alcaldesa de Valencia criticó que las decisiones del Gobierno estén enfrentando a diversos territorios y consideró que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «merece estar» ante el Tribunal de las Aguas, institución valenciana que resolvía el uso de agua para riego. «Estamos todos juntos» (dijo la alcaldesa) respaldada por los regantes alicantinos y valencianos, que comparecieron ante una pancarta en la que se pedía una política de agua nacional y «juntos seguiremos luchando», aseveró Barberá. Por otro lado, el presidente de los insistió en que un estatuto de autonomía no puede hacer «un blindaje» de un río o de una cuenca porque interfiere derechos de otros y además, porque en España «hay agua para todos». El comité ejecutivo de la Cierval mostró ayer a través de un comunicado la preocupación ante medidas, como la actualmente en discusión, sobre el trasvase Tajo-Segura, que «pueden conculcar el principio constitucional, que dice que las competencias sobre las aguas de los ríos son del gobierno de la nación y son intrasferibles». Los vocales del comité se postularon por la elaboración de un estudio global que incluya la interconexión, a través de un mallado, de todas las cuencas y de un sistema de capilaridad que garantice el suministro a todos los territorios sin dejar a ninguno desabastecido. Por su parte, en Coepa se acordó crear una comisión para trabajar a fondo los temas de la gua. En este sentido, el presidente Francisco Camps afirmó que seguirá defendiendo «todo aquello que ha significado compromiso de todos con todos, y propuestas que fueron un canto a la esperanza, al compromiso y al acuerdo, como el PHN». A pesar de la paralización del trasvases del Ebro, la Comunidad Valenciana siguió trabajando en el uso eficaz del agua y «ha invertido en la mejora de canalizaciones, la puesta en marcha de depuradoras y plantas de reutilización y la modernización del regadío para ser más eficientes en el uso del agua», explicó Camps. plicaron fuentes conocedoras de los contactos, está receptiva a esa solución que le plantea Ripoll, con una rebaja sustancial de la reserva hídrica, pero, sin embargo, reprocha directamente a Camps que esté taponando los cauces de acuerdo.