Valencia says that the Statute will leave without irrigations to Alicante and without potable water to the coast
Tue, 29/12/2009
El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente d, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, pidió ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que convoque una conferencia de presidentes autonómicos en un plazo máximo de tres meses para hablar «específicamente de agua, con propuestas claras y concretas», puesto que, según manifestó, «hace falta que haya una reserva para toda España y la debe administrar el Gobierno».
En esta línea, afirmó que la reserva hídrica que «ha propuesto el PSOE para Castilla-La Mancha», -según quiso «dejar claro»- es una «barbaridad» que afectaría tanto a la provincia de Alicante como al abastecimiento en Valencia y que «no tiene lógica». Por ello, «no se puede ir a negociar ni hablar con nadie» de esta propuesta, dijo.
Asimismo, aseguró que en caso de que el Estatuto manchego incluya esta reserva, los diputados del PP valenciano votarían en contra en el Congreso.
Consecuencias
El conseller aseguró que con la reserva de 6.000 hectómetros cúbicos (hm3) que «el PSOE pretende en Castilla-La Mancha», la costa valenciana, desde Sagunt hasta la capital, «no tendría agua para beber», ya que, además de al trasvase Tajo-Segura, afectaría al Júcar-Túria. Igualmente, se preguntó «qué pasaría en Portugal si cada comunidad empezara a hacer la reserva hídrica que quisiera», a lo que respondió que el agua «no llegaría». Según dijo, el Consell no apoyará esa «barbaridad» que -insistió- «ha planteado el PSOE» y matizó que «el PP no ha dicho absolutamente nada» y «una cosa es estudiar -la propuesta- y otra aceptarla» y la reserva hídrica es, a su juicio, «inaceptable». Preguntado por si han contactado con el PP manchego para asegurarse de que no aceptará la reserva hídrica, contestó que el Consell quiere «hablar con el presidente del Gobierno». En este sentido, aseveró que Rodríguez Zapatero, -como ya pidió el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la última Conferencia de Presidentes-, «debe convocar a los presidentes de las comunidades autónomas en el plazo máximo de tres meses», para tratar el tema del agua de forma específica. Al respecto, sostuvo que «las reservas no pueden ser de las autonomías, sino del Estado español y repartirse según las necesidades de cada una», por lo que apostó por hacer «tantos trasvases como sean necesarios» y pidió «coherencia» al PSOE.
Más críticas
A estas declaraciones se sumó el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Antonio Clemente, quien afirmó que los diputados y senadores populares valencianos votarán en contra del Estatuto de Castilla-La Mancha si contempla una reserva estratégica de agua de 6.000 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura.
El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, reiteró que el Ejecutivo murciano seguirá defendiendo el trasvase Tajo-Segura «con uñas y dientes si es necesario», tras lo que recalcó que «desde el PP y desde el Gobierno regional siempre hemos dicho no a cualquier tipo de reserva estratégica que pueda provocar el más mínimo perjuicio a los intereses de todos los murcianos».
Y por su parte, la portavoz regional del PP y senadora, Carmen Riolobos, abogó por que los negociadores del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuya tramitación está paralizada en el Congreso desde hace más de un año, «antepongan los intereses de Castilla-La Mancha a los del partido».
En esta línea, afirmó que la reserva hídrica que «ha propuesto el PSOE para Castilla-La Mancha», -según quiso «dejar claro»- es una «barbaridad» que afectaría tanto a la provincia de Alicante como al abastecimiento en Valencia y que «no tiene lógica». Por ello, «no se puede ir a negociar ni hablar con nadie» de esta propuesta, dijo.
Asimismo, aseguró que en caso de que el Estatuto manchego incluya esta reserva, los diputados del PP valenciano votarían en contra en el Congreso.
Consecuencias
El conseller aseguró que con la reserva de 6.000 hectómetros cúbicos (hm3) que «el PSOE pretende en Castilla-La Mancha», la costa valenciana, desde Sagunt hasta la capital, «no tendría agua para beber», ya que, además de al trasvase Tajo-Segura, afectaría al Júcar-Túria. Igualmente, se preguntó «qué pasaría en Portugal si cada comunidad empezara a hacer la reserva hídrica que quisiera», a lo que respondió que el agua «no llegaría». Según dijo, el Consell no apoyará esa «barbaridad» que -insistió- «ha planteado el PSOE» y matizó que «el PP no ha dicho absolutamente nada» y «una cosa es estudiar -la propuesta- y otra aceptarla» y la reserva hídrica es, a su juicio, «inaceptable». Preguntado por si han contactado con el PP manchego para asegurarse de que no aceptará la reserva hídrica, contestó que el Consell quiere «hablar con el presidente del Gobierno». En este sentido, aseveró que Rodríguez Zapatero, -como ya pidió el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la última Conferencia de Presidentes-, «debe convocar a los presidentes de las comunidades autónomas en el plazo máximo de tres meses», para tratar el tema del agua de forma específica. Al respecto, sostuvo que «las reservas no pueden ser de las autonomías, sino del Estado español y repartirse según las necesidades de cada una», por lo que apostó por hacer «tantos trasvases como sean necesarios» y pidió «coherencia» al PSOE.
Más críticas
A estas declaraciones se sumó el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Antonio Clemente, quien afirmó que los diputados y senadores populares valencianos votarán en contra del Estatuto de Castilla-La Mancha si contempla una reserva estratégica de agua de 6.000 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura.
El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, reiteró que el Ejecutivo murciano seguirá defendiendo el trasvase Tajo-Segura «con uñas y dientes si es necesario», tras lo que recalcó que «desde el PP y desde el Gobierno regional siempre hemos dicho no a cualquier tipo de reserva estratégica que pueda provocar el más mínimo perjuicio a los intereses de todos los murcianos».
Y por su parte, la portavoz regional del PP y senadora, Carmen Riolobos, abogó por que los negociadores del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuya tramitación está paralizada en el Congreso desde hace más de un año, «antepongan los intereses de Castilla-La Mancha a los del partido».