The MARM adjudges the works for the additional regulation of the river basin of the Órbigo river (Leon)

Mon, 28/12/2009

Esta actuación tendrá un presupuesto de más de 650.000 euros.

El sistema del Órbigo abastece a más de 180.000 habitantes de León capital y Benavente (Zamora) y suministra agua para el riego de 60.000 hectáreas.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas formada por Ingeniería Civil Internacional, S.A (INCISA) y Euroestudios S.L el estudio para la regulación adicional de la cuenca del río Órbigo (León) que ejecutará la Confederación Hidrográfica del Duero.

El estudio, que tendrá un coste de 651.376 euros buscará las alternativas al embalse de Omaña después de que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones resolviera en 1993 abandonar el proyecto de su construcción al obtener Declaración de Impacto Ambiental desfavorable de la Dirección General de Política Ambiental que consideró que los impactos sociales y medioambientales que causaría el embalse eran inasumibles.

En la actualidad, el sistema del Órbigo abastece a más de 180.000 habitantes de León capital y Benavente (Zamora) además de a los polígonos industriales de León capital, Astorga (León) y Benavente (Zamora) y suministra el agua para el riego de 60.000 hectáreas.

Para que el sistema del Órbigo pueda asumir, incluso en los años secos, estas demandas el estudio analizará, entre otras alternativas, la regulación de recursos de la cuenca del tramo del río Luna-Órbigo aguas abajo del embalse de Barrios de Luna, la regulación de las aportaciones que recibe el río Órbigo en las cuencas de sus ríos afluentes y las regulaciones de aportaciones del río Órbigo en las propias zonas regables.

El MARM está realizando un importante esfuerzo inversor en la modernización de los regadíos en Castilla y León que conlleva un importante ahorro de agua, la incorporación de las nuevas zonas regables del sistema del Órbigo a los planes de modernización del MARM será un requisito previo para acometer nuevas infraestructuras de regulación.

Las alternativas seleccionadas, que tendrán que ser viables social, medioambiental y económicamente, deberán someterse a un periodo de información pública en el que todos los interesados podrán aportar sus sugerencias, así como a la correspondiente tramitación ambiental.

El plazo para redactar el estudio será de 12 meses.