«Cualquier reserva que asegure para Castilla La Mancha su estatuto acabaría con el trasvase del Tajo-Segura», asegura el portavoz de la Federación de Entidades de Riego de la Provincia, Ángel Urbina. Con un tono serio y firme, Urbina denunciaba ayer «el menosprecio de los políticos a los regantes» de Alicante, Murcia y Almería. Tras conocer que el Partido Popular está dispuesto a negociar con el PSOE una «solución» para sacar adelante el Estatuto manchego, el representante de los regantes anunciaba una reacción «contundente» de los agricultores. «Los políticos que no defiendan nuestro derecho a recibir el agua del Tajo serán traidores a su tierra y si finalmente aprueban una reserva para Castilla-La Mancha, iniciaremos una campaña para que ni los agricultores ni los ciudadanos voten a sus partidos en las próximas elecciones», expone Ángel Urbina, que ayer se mostró muy contrariado con el anuncio realizado por el PSOE y el PP tras la reunión de la Comisión Constitucional que estudia el Estatuto manchego. «Cualquier reserva que se apruebe en el estatuto es totalmente anticonstitucional, puesto que la Constitución que aprobamos todos los españoles dice, en su artículo 149, párrafo 22, que la competencia de los ríos que discurren por más de una comunidad es únicamente del Estado», apunta el portavoz de los regantes alicantinos. Los agricultores ya han anunciado en diversas ocasiones que, además de manifestarse para reclamar «simplemente que se respete la Constitución Española que todos aprobamos», acudirán a los tribunales si la reforma estatutaria manchega sigue adelante con referencias a la reserva hídrica o a la caducidad del trasvase del Tajo al Segura. Según Urbina, «los políticos están atentando contra la dignidad de todos los valencianos». No sólo se acabará el trasvase del Tajo al Segura, «si se aprueba una reserva hídrica para los manchegos se acabará también con el Júcar y por consiguiente también se pondrá fin al trasvase del Júcar al Vinalopó». El portavoz considera que «lo que pretenden asegurándose la reserva estratégica de miles de hectómetros cúbicos es legalizar los 3.000 pozos ilegales que están esquilmando el Júcar y que han acabado con las reservas de las Tablas de Daimiel». La lucha que han emprendido los regantes alicantinos a través de su federación, está apoyada por todas las entidades de riego, destacando la Comunidad Riegos de Levante, así como por la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó y por la Federación Valenciana de Comunidades de Regantes. «Todos los regantes estaremos juntos para enfrentarnos a esta afrenta a nuestra dignidad», apuntaba Urbina, quien aseguraba no estar «sorprendido con que las encuestas digan que los políticos son la tercera preocupación de los españoles».