Los tres grupos parlamentarios en la Asamblea Regional se van a poner a trabajar de inmediato para aprobar la proposición de ley en defensa del Trasvase Tajo-Segura. El portavoz del PP, Juan Carlos Ruiz, confía en que antes de fin de año o los primeros días de enero quede aprobada esta iniciativa para presentarla en el Congreso de los Diputados y contrarrestar el Estatuto de Castilla-La Mancha, como publicó ayer este diario.
Ruiz explicó que iba a llamar a los portavoces del PSOE y de Izquierda Unida, Pedro Saura y José Antonio Pujante, respectivamente, para reunirse y convocar un Pleno extraordinario en el Parlamento autonómico. Todos piden que se mantenga intacto el funcionamiento del acueducto. Juan Carlos Ruiz recuerda que fue el autor de la redacción y que la tramitación será «inminente». Luego le tocará al Congreso decidir si admite o no a trámite la proposición. Comentó que, de no ser por el PP, el Estatuto de Castilla-La Mancha ya estaría aprobado en el Congreso en perjuicio de la Región de Murcia.
El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, manifestó que «Valcárcel siempre llega tarde» tras el anuncio del presidente del Gobierno regional de que ahora «ha llegado el momento» de tramitar la ley murciana en defensa del Trasvase. Recordó que lleva insistiendo muchos meses para que esta ley se tramitara, sin obtener respuesta favorable del Grupo Popular en la Asamblea Regional. «Bienvenido sea el cambio de actitud de Valcárcel», apostilló. «Ahora tenemos que aprobarla cuanto antes, con urgencia, esta misma Navidad, porque esta ley va a llevar rápidamente la voz de los murcianos al Congreso de los Diputados y puede contribuir a que se retire el Estatuto de Castilla-La Mancha en lo que tiene que ver con el agua y con el Trasvase Tajo-Segura».
El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, dijo que el anuncio de Valcárcel indica que el PP «ha perdido su exclusividad en la defensa de esa infraestructura». Ha mostrado su apoyo al mantenimiento del Trasvase por considerarlo una obra amortizada social y económicamente, ha asegurado que el Ejecutivo regional «sabe que defender el Tajo-Segura le ha reportado réditos electorales, y no le interesa que la ciudadanía haga suyo el protagonismo en la defensa del trasvase».
Además de exigir el mantenimiento el Trasvase, la proposición de ley murciana demanda una indemnización económica si se cambia sustancialmente el funcionamiento del acueducto o se extingue. El objetivo es reformar dos artículos y tres disposiciones de la ley del PHN que no fueron derogados en el año 2004 por Rodríguez Zapatero y Cristina Narbona.
El texto murciano postula que las aguas trasvasadas cubran las necesidades económicas y sociales de la cuenca del Segura. Pide asimismo que las comunidades autónomas receptoras y los usuarios de las mismas tengan voz y voto en la Confederación Hidrográfica del Tajo y en la Comisión Central de Explotación del Acueducto.

Los bancos de agua

Otra novedad es que establece un plazo de seis meses para que el Ministerio de Medio Ambiente y Rural otorgue las concesiones de agua del Tajo a los usuarios del Sindicato Central de Regantes y al Taibilla. Advierte de que cualquier cambio legal que se produzca posteriormente y que afecte al funcionamiento del acueducto, o acaso lo elimine, debe llevar implícita una indemnización económica a los usuarios receptores de Murcia.
Otorga al Congreso de los Diputados y al Senado el control periódico de los caudales desembalsados, el volumen y destino, y la recaudación y las tarifas. El PP, PSOE e IU pedirán que se consoliden los bancos de agua -que ya vienen operando desde Estremera y Aranjuez- entre los usuarios de las cuencas del Segura, Tajo, Guadiana y Júcar. Por último, solicitan al Gobierno de la nación que estudie todas las opciones posibles de nuevos canales para transportar más agua desde otros puntos.