La propuesta que estudia el Gobierno de Castilla-La Mancha para introducir en su Estatuto de Autonomía una "reserva estratégica" de 6.000 hectómetros cúbicos, como publicó ayer Levante-EMV, ha puesto en guardia al Consell, a los partidos, a los empresarios y a los sindicatos agrarios. A preguntas de este diario, los principales representantes políticos y sociales se manifestaron ayer unitariamente en contra de una propuesta que a efectos prácticos blindaría el agua de "todos los ríos" que discurren por Castilla-La Mancha y que supondría un "colapso" hídrico para la Comunitat Valenciana, según denunció Juan Valero de Palma, secretario general de USUJ (Unidad Sindical de Usuarios del Júcar).
Juan Cotino, vicepresidente del Consell. El vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, achacó esta propuesta al "caos" y a la "irracionalidad" de la política hídrica del Gobierno central y criticó duramente una medida que pretende quedarse con "más agua de la que existe". La reserva hídrica de 6.000 hm3 supondría "la desaparición del trasvase Tajo-Segura y del Júcar". "Tememos que la consigna dada por Zapatero sea la misma que dio con la derogación del trasvase del Ebro", señaló Cotino.
El vicepresidente del Consell no quiso valorar la posición del Partido Popular en Castilla-La Mancha, que respaldaría la propuesta que estudia el gobierno manchego como alternativa a la caducidad del Tajo-Segura. "Lo que a mí me preocupa es lo que va a hacer Zapatero. ¿Va a seguir en el caos o va a retomar el Plan Hidrológico Nacional?", opinó. Además, Cotino exigió que se mantengan los caudales del Júcar porque generan empleo.
Arturo Virosque, presidente de la Cámara de Comercio. Virosque opinó que la aprobación de esta alternativa "sería gravísimo" para la Comunitat Valenciana. "En este país se está perdiendo mucha agua y hay que buscar una salida, ya sea un trasvase u otra cosa". La situación hídrica es "preocupante", dijo, porque "estamos viendo que las desaladoras no han sido la solución que se esperaba", dijo Virosque.
El dirigente de la Cámara de Comercio reclamó al Gobierno central que asuma el papel de árbitro y decida sobre "un recurso que es de todos los españoles". "Espero que recapaciten y se llegue a una solución", concluyó Virosque.
Federico Félix, empresario valenciano. El presidente de la Fundación Pro-AVE y de la patronal avícola, Federico Félix, se mostró rotundamente en contra de esta medida. "Espero que no se lleve a efecto algo tan disparatado, que no sólo afectaría a los intereses económicos de la Comunitat Valenciana, sino al propio abastecimiento de los valencianos", explicó Félix. Además, el empresario llamó, en caso de que la propuesta avance, a la "movilización en defensa de los legítimos intereses" de los valencianos.
Cristóbal Aguado, presidente del sindicato agrario AVA. Aguado tachó de "auténtico despropósito" la posibilidad de aprobar vía Estatuto de Autonomía una reserva de 6.000 hectómetros, que en la práctica sería como "parcelar los ríos en España". En línea con otros dirigentes consultados, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores pidió una política hidrológica e hidráulica unitaria: "El agua no es patrimonio de nadie, es de todos los ciudadanos. Que el Gobierno y las autonomías se sienten y hagan un plan. Ya está bien de ser tribales: seamos un estado moderno. Esta actitud egoísta no cabe". Además de criticar la postura de los dirigentes castellano-manchegos, Aguado pidió la despolitización de la cuestión hídrica: "Los expertos deben fijar la política; ya está bien, el bien natural no se merece este ultraje".
Josep Botella, secretario general de La Unió. En línea parecida a Aguado, Josep Botella, líder de la Unió de Llauradors i Ramaders, lamentó la politización del agua y criticó que desde el Gobierno de Castilla-la Mancha se "quiera secar" a Valencia. "El agua debe ser un tema de estado y gestionarse lo mejor posible. El Gobierno debe ser el árbitro y repartir de forma justa y equitativa ante las necesidades de cada uno", comentó.
Además de mostrar su "preocupación", afirmó que mañana lunes contactará con Juan Valero de Palma, secretario general de USUJ, para poner a La Unió a disposición para "movilizarse y luchar por los intereses" valencianos. "Es necesario una respuesta contundente. No vamos a consentir que ninguna comunidad abuse de un recurso que no es suyo. El agua no se la puede quedar el de arriba y secar al de abajo", concluyó Botella.