La Ley de Aguas de Andalucía se convertirá en una garantía para la protección y recuperación de los acuíferos de toda la Comunidad Autónoma andaluza. Esta nueva normativa, actualmente en debate parlamentario, aumentará considerablemente las garantías de conservación de las aguas subterráneas, sobre todo de aquellas que están en riesgo de sobreexplotación.
Hasta la fecha, la política de aguas en general se había centrado principalmente en la gestión y regulación de las aguas superficiales, es decir, en la construcción de grandes infraestructuras y la regulación de los ríos. Por ello, se construían grandes presas y embalses como principales medidas de la política hidráulica del siglo pasado.
Pero la población andaluza y sus industrias y regadíos también se nutren de aguas subterráneas, sobre todo en los largos periodos secos del clima mediterráneo. En este sentido, los acuíferos han ayudado a sobrellevar muchos episodios de sequía, aunque en ocasiones su aprovechamiento no ha estado suficientemente controlado, lo que ha provocado la sobreexplotación de muchos de ellos en todo el territorio andaluz.

Este problema fue uno de los grandes temas debatidos en el Acuerdo Andaluz por el Agua, cuyo proceso coincidió con la culminación de la transferencia de competencias de todas las aguas que transcurren por el territorio andaluz a la Junta de Andalucía. Una vez que la Comunidad Autónoma es plenamente competente en materia de aguas, el Gobierno andaluz comienza a poner en marcha la elaboración de una Ley de Aguas propia capaz de cubrir las lagunas de la legislación estatal y dar respuesta a los problemas y necesidades de la región.
Uno de los ejemplos más característicos en el articulado de la futura Ley es la regulación de las aguas subterráneas, con la que además se da respuesta a la Directiva Marco de Aguas europea que obliga a los Estados miembros a conseguir el buen estado de las masas de agua, superficiales y subterráneas.
Por primera vez, la Administración hidráulica exigirá a los usuarios la necesidad de obtener autorizaciones para extraer agua de pozos por debajo de los 7.000 metros cúbicos, cuando la masa de agua esté declarada en riesgo de sobreexplotación.
Gracias a esta nueva reglamentación, las captaciones que anteriormente sólo necesitaban una notificación tendrán que ser autorizadas y, de esta forma, se evitarán extracciones por encima de las posibilidades de acuíferos en peligro.
Con esta medida, la futura normativa tiene el objetivo último de mantener, conservar y proteger el recurso.

Por otra parte, hay que señalar los beneficios que supondrá la creación de los nuevos modelos de gestión de los acuíferos recogidos en la Ley. Concretamente, el texto legislativo pone en valor la experiencia acumulada en la gestión de las aguas superficiales a través de la figura de las comunidades de regantes y apuesta por extender ese modelo también a las aguas subterráneas.
A partir de esa experiencia positiva, el proyecto de Ley establece un régimen jurídico para propiciar la constitución de comunidades de usuarios de aguas subterráneas con el fin último de alcanzar una utilización racional de los recursos.
Estas comunidades gestionarán las infraestructuras de captación, transporte y distribución general, de acuerdo con los criterios y normas que sus Estatutos establezcan.
Con esta figura, la Ley trata de garantizar la explotación racional de los recursos hídricos, su calidad y cantidad, así como la coordinación de todos los aprovechamientos de una masa de agua subterránea.
Estas comunidades de usuarios tendrán también su voz en la gestión del agua dentro de los órganos de participación de la Agencia Andaluza del Agua, al igual que las comunidades de regantes y otros usuarios, ya que tendrán una gran importancia a la hora de explotar y aprovechar este recurso natural.
De esta manera, la futura normativa propondrá una nueva hoja de ruta con el claro objetivo de proteger los recursos hídricos y de lograr un reparto ecuánime del líquido elemento entre todos los agentes sociales que necesiten su uso para vivir y trabajar.