El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, recalcó ayer que la Comunidad tiene "tres palancas" para luchar contra los trasvases, como son la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos, la ejecución de las obras del Pacto del Agua y los contenidos de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón.
Biel compareció ayer ante el Pleno de las Cortes de Aragón, a petición de CHA, para informar sobre su posición política en relación con la petición de la Agencia Catalana del Agua (ACA) de trasvasar casi 0,7 hectómetros cúbicos a cuatro municipios catalanes cuyo término municipal está en parte fuera de la Cuenca del Ebro, para abastecimiento de boca, y de forma especial sobre su teoría de la "reserva hídrica" como garantía antitrasvase.
Biel insistió en que "no hay otra fórmula válida" para defender a Aragón de los trasvases que su Estatuto de Autonomía, y reiteró que para parar los intentos de transferencia de caudales del Ebro, aunque sean importantes, "no bastan las manifestaciones" ni basta "llenarse la boca", sino que hay que recurrir al texto estatutario.
En él, recordó, se incluye una garantía para que Aragón disponga de una reserva hídrica para satisfacer las necesidades presentes y futuras de sus habitantes, y su gestión por parte de la Comunidad sería una de las soluciones ante la amenaza de trasvases.
Además, es necesario, dijo, ejecutar las obras del Pacto del Agua pendientes, para almacenar el agua correspondiente a la reserva hídrica porque, precisó, de las 129 que incluye sólo 48 están finalizadas, 18 en ejecución y hay pendientes 63.
El vicepresidente, no obstante, se mostró especialmente preocupado por el "efecto multiplicador" que puede tener en otros territorios la petición de este pequeño trasvase.
Por otro lado, las Cortes rechazaron ayer una proposición no de ley del PP que tenía por objeto implementar medidas destinadas a evitar la desaparición de empresas de autónomos, más de 8.000 desde septiembre desde 2008 en Aragón según los datos del PP. En la moción, se pedía un compromiso de las administraciones para evitar la morosidad de las administraciones públicas, poner en funcionamiento un plan de ahorro energético y aplicar medidas que incentiven la supervivencia de trabajadores autónomos dedicados al pequeño comercio, para paliar los efectos de obras de infraestructuras excepcionales de larga duración.