Un informe del Consell incluido en la documentación del proyecto sobre la Estrategia Territorial que se deber seguir en los próximos 20 años para garantizar un desarrollo sostenible de la Comunidad Valenciana califica de «insostenible» la situación hídrica en la que se encontrarán en 2030 las comarcas del Vinalopó, l´Alacantí y Vega Baja (todas excepto las Marinas, Alcoià y el Comtat) si no se toman medidas, y asegura que la provincia necesita el aporte externo de unos 300 hm de agua al año, con independencia de los caudales que inyecten las desaladoras y la reutilización de aguas residuales. La escasez de agua es la mayor amenaza para el 21% de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana seguida del cambio climático, los precios de la vivienda y la escasez de petróleo, según la encuesta realizada por los redactores de la Estrategia Territorial. Una de las grandes novedades será el que se limitará la creación de nueva superficie de riego en estas comarcas. El 50% de los recursos hídricos de la Comunidad procede de otras autonomías. Entre estas aportaciones externas se encuentra el TajoSegura, cuyos volúmenes nunca han alcanzado los inicialmente previstos en su diseño original por la precaria situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Si se suprimieran los 170 hm de media al año de este trasvase «las consecuencias serían inimaginables», algo de lo que también han advertido la UA y Coepa. En estos momentos, la Comunidad Valenciana es un territorio con un gran déficit hídrico. Así, la demanda de agua para el conjunto de todos los usos (abastecimiento, riego, industria y servicios) es de 3.700 hm al año, mientras que los recursos propios no superan los 3.550 hm con el agravante de que una gran parte del caudal propio se extrae de acuíferos sobreexplotados o con agua casi salobre. La Estrategia Territorial plantea en este sentido para Alicante la necesidad de recuperar los alrededor de 400 hm que iban a llegar del Ebro, así como mantener el Tajo-Segura y que el agua del Júcar-Vinalopó sirva a para todos los usos. Como medidas complementarias la Generalitat tiene la firme convicción de limitar la expansión de nuevos regadíos durante las próximas dos décadas por motivos ambientales y económicos, y evitar así el despilfarro del agua. Sólo se admitirían «posibles excepciones en la Costera, la Vall d?Albaida y la Canal de Navarrés» en Valencia. Los cuatro grandes objetivos serán la modernización de los regadíos, la reducción de la demanda urbana, el incremento de la reutilización de aguas residuales depuradas y los tratamientos terciarios en los municipios costeros. Los escépticos a la Estrategia Territorial, que son muchos, han alegado hasta ahora que era un catálogo de buenas intenciones pero con pocas medidas reales. Aunque el plan que inicia ahora su información pública no sea la panacea, sí que marca por primera vez directrices claras de por donde ir. Entre las propuestas estratégicas que sugiere, el objetivo principal será la rehabilitación de los regadíos históricos y la modernización del resto. Extender el riego localizado en cítricos y frutales; desvíos de las acequias de los cascos urbanos a las huertas, pozos de permuta de caudales y la construcción de balsas de regulación diurna. Aunque el plato fuerte, y la gran novedad, es la recomendación de que «en general, es conveniente no aumentar la superficie de regadío por motivos ambientales, pero también por problemas de mercado y la falta de rentabilidad de la agricultura. Se apuesta por potenciar el uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas y por la mejora de la eficiencia hídrica de las ciudades mediante la creación de redes intermunicipales de suministro como las que existen en Valencia y Alicante a otras áreas urbanas. El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, y la del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunirán mañana en la Cámara Baja para tratar de desbloquear la negociación del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha bajo la premisa del consenso. Ambos confirmaron ayer la celebración de una entrevista que el portavoz del PSOE demandó a su homóloga popular por carta. Sáenz de Santamaría criticó, no obstante, al PSOE por no plasmar en esa misiva ningún «planteamiento concreto» sobre el modo de desatascar la negociación, paralizada desde hace meses en la Cámara Baja por no haber acuerdo en la regulación del trasvase Tajo-Segura. El texto, tal y como está ahora en su tramitación en el Congreso de los Diputados, mantiene la caducidad del trasvase en 2015. La cláusula ha suscitado controversia entre los Gobiernos central, castellanomanchego, Consell y murciano. Para Sáenz de Santamaría, la posición de su partido es «conocida», no así la del PSOE. Para Alonso, sin embargo, es el PP es el que debe despejar las dudas sobre su voluntad de consenso y poner de manifiesto si ya «dice lo mismo en Castilla-La Mancha y en Valencia».
Los técnicos alertan de que la recuperación del trasvase del Ebro es clave para lograr la sostenibilidad