Four towns that don´t belong to the river basin will drink water of the Ebro
Thu, 26/11/2009
El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado al Gobierno de Aragón un informe preceptivo para autorizar la concesión de 11 hectómetros cúbicos de agua del Ebro a 43 municipios de Tarragona, y Barcelona que tomarán agua de boca del Segre, concretamente del canal Segarra-Garrigues. El informe se solicitó el pasado jueves debido a que cuatro de estos municipios poseen una pequeña parte de su término fuera de la cuenca del Ebro.
Al tratarse de un trasvase entre cuencas, se debe cumplir con el precepto del Estatuto que indica que se debe solicitar un informe preceptivo a Aragón. Es la primera vez que se cumple, algo que fue muy bien valorado por el Gobierno de Aragón ayer. Esto puede indicar que se avecina una nueva polémica hidráulica, pues el PAR ya anunció ayer mismo que se opone a cualquier trasvase entre cuencas, y este, "aunque pequeño", lo es, según indicó una fuente próxima al secretario general del PAR y consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.
La cesión de aguas fuera de la cuenca es muy pequeña, apenas 0,3 hectómetros cúbicos en la actualidad con la previsión de que en el 2030 sea de 0,6. Una cantidad de agua para abastecer las necesidades de boca de una población actual de unos 4.000 habitantes que serán 5.300 en el 2030. Los pueblos implicados son el barcelonés Montmaneu (266 habitantes), Santa Coloma de Queralt (4.500 habitantes), Les Piles (557) y Foriès (71).
El lunes se celebra junta de Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Ebro, y se abrirá el trámite de audiencia para esta cesión solicitada por la Agencia Catalana del Agua. Pese a que al ser una cesión menor a un hectómetro solo sería necesaria la firma de la ministra para que se hiciera, se ha dado voz al Gobierno de Aragón.
El consejero de Presidencia, Javier Velasco, será el encargado de elevar el informe preceptivo al Consejo de Gobierno. Ese informe recogerá toda la información necesaria y se remitirá un dictamen al ministerio. Además de los preceptos legales que redactarán los servicios jurídicos autonómicos, habrá criterios técnicos del Instituto Aragonés del Agua, de la Consejería de Medio Ambiente.
SIN POLÉMICA
La intención del Ejecutivo autonómico es conocer todos los detalles para inclinarse por una postura, aunque también tiene claro que este trasvase es mínimo y sería difícilmente explicable en el territorio nacional una negativa a ceder una escasa cantidad de agua para que beban cuatro pequeños pueblos. Y más cuando la gran mayoría de su territorio está en la cuenca del Ebro, y solo pequeñas áreas están en las cuencas internas catalanas.
Fuentes cercanas al Instituto Aragonés del Agua también recordaron que una concesión da derechos para toda la vida, por lo que es preciso saber en qué condiciones se establece, qué tipo de contraprestaciones habría o saber las verdaderas intenciones de la Agencia Catalana del Agua cuando reclama esta cantidad de agua.
Al tratarse de un trasvase entre cuencas, se debe cumplir con el precepto del Estatuto que indica que se debe solicitar un informe preceptivo a Aragón. Es la primera vez que se cumple, algo que fue muy bien valorado por el Gobierno de Aragón ayer. Esto puede indicar que se avecina una nueva polémica hidráulica, pues el PAR ya anunció ayer mismo que se opone a cualquier trasvase entre cuencas, y este, "aunque pequeño", lo es, según indicó una fuente próxima al secretario general del PAR y consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.
La cesión de aguas fuera de la cuenca es muy pequeña, apenas 0,3 hectómetros cúbicos en la actualidad con la previsión de que en el 2030 sea de 0,6. Una cantidad de agua para abastecer las necesidades de boca de una población actual de unos 4.000 habitantes que serán 5.300 en el 2030. Los pueblos implicados son el barcelonés Montmaneu (266 habitantes), Santa Coloma de Queralt (4.500 habitantes), Les Piles (557) y Foriès (71).
El lunes se celebra junta de Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Ebro, y se abrirá el trámite de audiencia para esta cesión solicitada por la Agencia Catalana del Agua. Pese a que al ser una cesión menor a un hectómetro solo sería necesaria la firma de la ministra para que se hiciera, se ha dado voz al Gobierno de Aragón.
El consejero de Presidencia, Javier Velasco, será el encargado de elevar el informe preceptivo al Consejo de Gobierno. Ese informe recogerá toda la información necesaria y se remitirá un dictamen al ministerio. Además de los preceptos legales que redactarán los servicios jurídicos autonómicos, habrá criterios técnicos del Instituto Aragonés del Agua, de la Consejería de Medio Ambiente.
SIN POLÉMICA
La intención del Ejecutivo autonómico es conocer todos los detalles para inclinarse por una postura, aunque también tiene claro que este trasvase es mínimo y sería difícilmente explicable en el territorio nacional una negativa a ceder una escasa cantidad de agua para que beban cuatro pequeños pueblos. Y más cuando la gran mayoría de su territorio está en la cuenca del Ebro, y solo pequeñas áreas están en las cuencas internas catalanas.
Fuentes cercanas al Instituto Aragonés del Agua también recordaron que una concesión da derechos para toda la vida, por lo que es preciso saber en qué condiciones se establece, qué tipo de contraprestaciones habría o saber las verdaderas intenciones de la Agencia Catalana del Agua cuando reclama esta cantidad de agua.