El agua como "bien público, básico, finito y esencial para el desarrollo social y económico". Partiendo del reconocimiento de este estatus legal, la Ley de Aguas de Andalucía regulará a partir de 2010 la distribución de los recursos hídricos entre las cuencas y poblaciones de la región y, sobre todo, entre los tres grandes tipos de demandantes: los hogares, la industria y el campo, el sector donde la nueva normativa tendrá un mayor impacto por la demanda de los regadíos. La normativa, aprobada hace un mes por el Consejo de Gobierno de la Junta, está ya en trámite parlamentario, la última fase del proceso legislativo antes de su entrada en vigor, prevista para principios de 2010. En este sprint final, las posiciones entre las organizaciones agrarias y la Junta parecen bastante cercanas, aunque quedan discrepancias que se pusieron de manifiesto en las jornadas La Ley Andaluza del Agua y la agricultura organizadas por el Grupo Joly en Cádiz. Un nuevo cara a cara, éste frente al público y moderado por el rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, tras los muchos que han tenido ambas partes en la intensa negociación entablada desde hace más de un año y que tuvo como primer hito el Acuerdo Andaluz del Agua, la base de la normativa actual. Así lo recordó el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez, que destacó que la nueva legislación "es fruto del diálogo y el consenso" y prueba de ello es que ha recogido "casi el 80% de las alegaciones" presentadas por los agentes sociales. Además, es una ley "necesaria" porque afecta a "un derecho básico, un bien común y no exclusivo, y, sobre todo, frágil, finito y esencial para la creación de riqueza". Y, por supuesto, es "oportuna" porque llega tras la transferencia de la gestión de la cuenca del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, según esgrimió Jiménez. Los representantes agrarios mostraron su sintonía con este espíritu inspirador y también con la importancia de la ley para conseguir el acceso equitativo al agua y para agilizar la modernización de los regadíos antes de 2015 -límite objetivo fijado por la UE-. Estos fueron los ejes comunes de las ponencias de los representantes de COAG, Asaja y UPA, así como del rector de la UCA y del director general de Grupo Joly, Tomás Valiente, que acompañó al viceconsejero en la presentación de las jornadas y remarcó la histórica relación entre "agua y agricultura, agricultura y Andalucía". La conclusión primera y fundamental es la optimización del uso de este bien porque, salvo alguna regulación puntual, en Andalucía no hay margen para nuevos embalses, según anotó el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Agustín Rodríguez. "Y como el 80% del agua que se consume va a los regadíos, es fundamental que el cien por cien tengan buenas infraestructuras para que el agua utilizada sea la estricta y necesaria". Según expuso, en Andalucía hay 300.000 hectáreas de este tipo de cultivo pendientes de regularizar, lo que, a su juicio, "es un problemón al que hay que dar respuesta y no sólo dando ayudas a los regadíos de comunidades concesionarias, sino también a los privados". De este proceso de modernización depende el futuro no sólo del sector agrícola, sino también de las zonas rurales, donde, además del campo, han surgido inversiones millonarias "enormes" de proyectos termosolares con altas demandas de agua que, unidas a las existentes del sector turístico, también habrá que atender y "no excluir", según enfatizó Agustín Rodríguez. Rafael Civantos, miembro de la Ejecutiva de COAG Andalucía, abundó también en la urgencia de renovar 'riegos arcaicos, algunos hasta de siglos' y destacó además la relevancia que tendrán dos instrumentos en la distribución de los recursos: el observatorio y el banco público del agua. El primero servirá para vigilar la capacidad hídrica disponible en todas las cuencas. El banco será un regulador de la demanda y, a juicio de Civantos, un órgano que 'dará trasparencia y evitará el mercadeo del agua'. Además, el representante de COAG valoró la definición del agua como "propiedad pública" y la cohesión territorial que proporcionará la nueva normativa, porque permitirá el acceso equitativo de todas las zonas a las reservas andaluzas. De acuerdo con este carácter universal, la legislación elaborada por la Consejería de Medio Ambiente deberá "acabar con los privilegios que se han mantenido hasta ahora en las concesiones, que tendrán que revisarse, sobre todo en los volúmenes reconocidos", según puso de manifiesto el secretario general de UPA, que defendió que a través de esta "revisión" se podrán liberar recursos para dar respuesta a nuevas demandas procedentes del campo y de la industria y reguladas a través del nuevo banco público del agua. Estos organismos reforzarán la estructura de la Agencia Andaluza del Agua y, para costear su funcionamiento, se creará el llamado "canon de servicios generales", una nueva figura tributaria recogida en el Proyecto de Ley y que ha generado críticas por encubrir el afán recaudatorio de la Administración y provocar una posible "indefensión ciudadana". Los portavoces de UPA y COAG admitieron la aplicación del canon pero reclamaron que sea "para todos", según insistió Civantos, de lo contrario "la Junta va a fracasar en su intento de modernización de la gestión del agua en Andalucía", apostilló Agustín Rodríguez.