La Xunta asumirá la gestión de las depuradoras de aguas residuales, hasta ahora en manos de los ayuntamientos. El anteproyecto de la futura Lei de Augas prevé que sea la Administración autonómica la que asuma, previo consentimiento municipal, la explotación y los costes de mantenimiento de las depuradoras, que pasarán a ser declaradas de interés para la comunidad. Además, la normativa establecerá un nuevo canon del agua que sustituirá al actual y será progresivo, de modo que paguen más los que más agua consumen.

Por su alto coste y pese a ser de competencia municipal, la Xunta construye las depuradoras y los ayuntamientos las gestionan, no siempre con éxito. Su mantenimiento supone un alto coste para los municipios que recaudan para ello una tasa por depuración "deficitaria", aseguró el presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Carlos Fernández. Mientras, este verano son al menos cuatro las mortandades de peces provocadas por el mal funcionamiento de las depuradoras. El Ayuntamiento de San Cibrao tendrá que pagar 600.000 euros de multa por acabar con la vida el río Barbaña debido a un vertido procedente de su depuradora. En agosto, en Ponte Caldelas, un vertido químico de la depuradora mató a 150 kilos de peces en el Verdugo. Truchas, unas 1.500, murieron en el Ulla en septiembre, aguas abajo de la depuradora municipal de Monterroso, la misma que causó una mortandad en 2004. El río Sar a su paso por Padrón arrastró la pasada semana sollas, contaminadas por la depuradora de un polígono industrial.

El traspaso de competencias a la Xunta será voluntario por parte de los ayuntamientos, pero el presidente de los alcaldes ya adelanta que "el sentir mayoritario" será favorable. "Estamos deseando no tener la responsabilidad de las depuradoras", resumió Fernández. Cuando sea la Xunta la que asuma la responsabilidad, también se llevará la tasa de depuración, pero el titular de la Fegamp insistió en que el impuesto no es suficiente para mantener las depuradoras así que se quitarán "un peso de encima". El titular de Medio Ambiente, Agustín Hernández, cree que las grandes ciudades "no van a pedir" que la Xunta asuma la explotación de sus depuradoras porque "tienen infraestructura". Su departamento gestiona 25 estaciones y pretende hacerse cargo de 149 antes de que finalice la legislatura. Actualmente, hay 112 en funcionamiento que gastan 25 millones al año en mantenimiento. En 2015, fecha en que la Xunta pretende alcanzar un estado óptimo de las aguas, habrá 157 y su coste anual será de 63 millones.

El nuevo canon pretende fomentar el "uso racional" y el ahorro del agua, por lo que castigará su consumo con tarifas más altas. Sin embargo, esto no supondrá una gran subida en el recibo, ya que "en el caso más desfavorable" el aumento será de un euro al mes, defendió Hernández. El canon dependerá del número de residentes en el domicilio, habrá una reducción para familias numerosas y tarifa social. Las empresas pagarán por volumen de agua, pero también por contaminación. La recaudación se destinará a financiar obras hidráulicas. La norma, que aprobará el Consello de la Xunta en diciembre antes de entrar al Parlamento, prevé la fusión de Augas de Galicia y la Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos en la Axencia Augas de Galicia, más "austera" y sin "duplicidades".