Un dictamen jurídico elaborado por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, y encargado por Asaja-Sevilla advierte de problemas de "inconstitucionalidad" que pueden plantear algunos artículos del anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía, así como de la "arbitrariedad e indefensión jurídica para los regantes" que de la misma puede derivarse.
Según explicaron hoy el presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, y el asesor jurídico de Asaja-Sevilla, Emilio Vieira, quienes presentaron el dictamen en rueda de prensa, fueron las "importantes discrepancias" existentes entre los criterios de la organización agraria y la Junta de Andalucía en torno al texto de la normativa y las "diferentes" interpretaciones que se realizaron del informe elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) las que impulsaron a la organización a buscar la opinión de Pérez Royo, un jurista de "reconocidos prestigio e independencia".
Tal y como señalaron, del informe del catedrático se desprende que el actual borrador del anteproyecto de la Ley de Aguas muestra una línea que "acentúa la intervención" de la Administración en el control del uso del agua y, en líneas generales, se observa una "restricción de los derechos de los titulares de aprovechamientos sobre el agua respecto a la regulación vigente en el Estado".
De este modo, Vieira afirmó que se trata de una ley de "dudosa constitucionalidad en algunos artículos y claramente en otros", ya que según el jurista, por ejemplo, el artículo 24 "contradice" el Texto Refundido de la Ley de Aguas y "vulnera" la competencia del Estado acerca de la legislación básica sobre concesiones administrativas prevista en la Constitución, pretendiendo ir "más allá" de los que han ido en sus textos autonómicos Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias y Aragón.
Tal y como explicó, el orden de preferencia del artículo 24 del anteproyecto "acaba con la preferencia agraria" de la legislación nacional, sólo superada por el abastecimiento humano, para colocarla en un 'totum revolotum' con el resto de usos del agua, lo que, además de ser "inconstitucional", genera una "grave desigualdad" entre los agricultores andaluces y el resto de agricultores de España, ya que éstos sí conservan su prioridad frente a otro sectores económicos.
También en el terreno de las concesiones, el informe llama la atención, destacó Vieira, sobre el "agravio comparativo" con respecto al resto de España que supone que el texto andaluz limite a 20 años las concesiones, frente al máximo de 75 años que establece el Texto Refundido de la Ley de Aguas, lo que "vulnera" la normativa nacional y el principio de igualdad de los concesionarios andaluces respecto al de los españoles, así como supone un "incremento de controles y de burocracia".
En cuanto al régimen Económico Financiero y el Canon de Servicios Generales y de Utilización de Aguas, Pérez Royo considera que "da la impresión de que el legislador ha utilizado un instrumento de política fiscal fuera de contexto y sin tener consideración su naturaleza y consecuencias", por lo que sugiere que es uno de los elementos del proyecto que "requiere de manera más intensa una revisión".
Por su parte, el asesor jurídico de Asaja subrayó que este canon "supone un nuevo gasto para un sector con graves problemas económicos" y pretende que sean los agricultores y ganaderos los que financien infraestructuras "de las que no se van a beneficiar, así como que sostengan económicamente a una megaestructura burocrática" que comprende los servicios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Agencia Andaluza del Agua.
En materia sancionadora, criticó la aplicación de la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (Ley GICA) al régimen sancionador de aguas que sienta el artículo 102 del anteproyecto, lo que la "separa de la legislación nacional en esta materia y a grava notablemente la carga sancionadora en Andalucía", contemplando la posibilidad de retirar subvenciones en materia ambiental o clausura de la empresa de forma "desproporcionada y confiscatoria".
Además, consideró que el artículo 51 del texto consagra una "enorme rigidez" en la regulación de los pozos de aguas privadas, en especial, en lo que respecta a superficies, anchura, profundidad, situación del pozo y uso del agua, lo que supone, desde su criterio, "la conversión de tierras de regadío en secano con la consiguiente pérdida de empleo y riqueza".
Igualmente, basándose en el dictamen, criticó que los criterios de elaboración de los planes hidrológicos, recogidos en el artículo 24,5 del anteproyecto, "omite considerar el interés" que puede tener el mantenimiento de las actividades económicas que necesiten el agua, singularmente las de carácter agrícola, al centrarse únicamente en consideraciones de "cohesión social, creación de empleo y sostenibilidad", unas consideraciones, lo que genera "inseguridad" en el sector agroganadero, dado que sus condiciones de trabajo son "muy cambiantes".
Asimismo, el presidente de Asaja-Sevilla destacó que la ley, tal y como está planteada en el actual borrador, "frenan la modernización de los regadíos" pues "no estimula la mejora del riego, el ahorro del agua, ni la construcción de infraestructuras que permitan incrementar el agua almacenada".
Además, advirtió de que "no contempla un periodo de transición previa a su tramitación para regular la caótica herencia de la CHG respecto a los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos, sobre las concesiones en trámite y sobre los pozos sobre los que aún no hay resolución".

"DECLARA LA GUERRA AL REGADÍO"

En definitiva, Serra afirmó que la Ley le "declara la guerra al regadío" y "desmantela un sistema económico y social que ha funcionado con la creación de riqueza y empleo en los últimos años en Andalucía", algo "poco razonable en medio de una crisis económica".
Por ello, consideró "necesario" que se "congele" el proceso legislativo y se abra un periodo de reflexión en el que se logre el consenso "perdido" tras la firma del Acuerdo Andaluz por el Agua y la salida de la gerencia de Jaime Palop de la Agencia Andaluza del Agua, ya que, según advirtió, si la normativa sigue adelante en estas condiciones, se producirá una "batalla legal interminable" con los regantes.
Según explicó, en la actualidad el borrador ha sido remitido al Consejo Consultivo de Andalucía, el cual podría emitir su dictamen, de carácter no vinculante, durante el presente mes de septiembre. De ser negativo, el texto volvería a revisarse, mientras que si es positivo, continuaría su desarrollo normal con su llegada al Consejo de Gobierno.