Yacyretá es una de las mayores presas hidroeléctricas de Sudamérica. Situada sobre el río Paraná, en la frontera de Argentina y Paraguay, su potencia instalada de 3.200 MW abastece el 14% del consumo argentino de electricidad. Mas la faraónica obra de ingeniería presenta un lado oscuro: las decenas de miles de desplazados (40.000 reconocidos por la empresa, aunque ellos hablan de cien mil) y el tremendo impacto ambiental. El costo social y ecológico se disparará de subirse la altura del embalse.

La cota actual de 76 metros sobre el nivel del mar ha supuesto el anegamiento de 110.000 hectáreas (la mayoría de ellas en territorio paraguayo), incluyendo arrozales, tierras de pastoreo, y explotaciones forestales; por no hablar de las tierras vírgenes inundadas, en perjuicio de especies autóctonas como el yacaré, el carpincho, las garzas y el venado de las pampas, entre otros. La alteración del régimen hídrico, por otra parte, ha provocado una severa reducción de la fauna ictícola del Paraná, en detrimento del ecosistema y de los pescadores artesanales que se ganaban la vida con sus anzuelos.

El ente binacional que gestiona la presa quiere subirla hasta la cota máxima, 84 metros; de esa manera sus turbinas generarán 19.000 GWs anuales de energía, muy por encima de los 15.120 actuales (lo que permitirá cubrir el 20% de la demanda argentina de electricidad). Pero existe un molesto detalle: con la elevación se inundarán otras 55.000 hectáreas, desplazando de sus hogares a decenas de miles de habitantes.

A los desmanes se suman los trapos sucios acumulados. La construcción, iniciada en 1979, aún no ha concluido. El presupuesto pasó de 2.500 a 15.000 millones de dólares (casi 11.000 millones de euros); de ellos mil millones se gastaron en consultorías (¡) y otros 1.800 sencillamente se esfumaron. El latrocinio llevó al político Carlos Menen, no precisamente un dechado de pureza, a tacharla de "monumento a la corrupción".

Yacyretá entrará en los anales como ejemplo de la peor ingeniería, la demostración de cómo el contubernio entre bancos internacionales, políticos corruptos y planificadores desaprensivos puede provocar un desastre ambiental sin entregar siquiera una parte de los beneficios prometidos en 1973 por los gobiernos implicados (la prosperidad de las regiones en ambas orillas). Un emprendimiento ruinoso, se mire por donde se mire.

El fiasco del mega proyecto desarrollista constituye un asunto embarazoso para sus avalistas financieros, los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID), toda vez que sus estatutos internos les prohíben costear infraestructuras ecológicamente nocivas. También resulta un escándalo para los dos países socios; pues si bien es cierto que gran parte del desquicio se produjo bajo las dictaduras del Proceso y de Alfredo Stroessner, las democracias no han revertido la situación. Resta por ver si el presidente paraguayo Fernando Lugo cumple su promesa electoral y bloquea la subida de la cota.

Las comunidades de las riberas del Paraná se han organizado para reclamar indemnizaciones y oponerse a la elevación del embalse, aunque saben que difícilmente les devolverán las pesquerías, reducidas a mínimos. El desenlace es previsible: llegará el día en que se haga justicia, se ejecuten las necesarias medidas de reparación ambiental y entonces los pueblos deberán pagar la factura que le dejarán sus gobernantes. De haberse encarado Yacyretá como un proyecto socialmente participativo, con voz y voto de los posibles afectados, posiblemente se habrían atajado muchos problemas; y seguramente a un costo económico inferior al creado por la ingeniería autoritaria.