Nuevo paso aclaratorio para el largo recorrido que está siguiendo el Caso Aguas de Calpe por los sobrecostes en la red de suministro de agua del municipio, cuya obra ha situado como imputados al edil y diputado provincial del PP, Juan Roselló, y a su cuñado, Francisco Artacho -miembro de la empresa que ejecutó el proyecto- además de a otras cuatro personas vinculadas a la realización de la infraestructura hídrica.
Ayer, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo pública una sentencia en la que desestima el recurso contencioso administrativo de hace dos años de le Empresa Mixta Municipal de Abastacimiento y Servicios Calp (Aguas de Calpe) contra la Conselleria de Industria y Comercio sobre las tarifas del agua en el muncipio, cuya subida se fijaba en virtud al coste real de las obras de la red del agua. Para ello la Conselleria aportó los informes realizados por la Universitat Politècnica de València y la Universitat d'Alacant en los que se apreciaba un desfase en las obras de 1'1 millones de euros entre lo que debían haber costado y lo que realmente pagó el consistorio.
Sin embargo, el gobierno muncipal (ahora en manos del Bloc, PP y PSD) defendió un informe paralelo de la mercantil Incisa que hablaba de "subcostes" en la contratación de las obras y que se aportó al reciente contencioso. El fallo del TSJ se basa fundamentalmente en los informes aportados por las universidades públicas y apenas tiene en cuenta al documento de Incisa.
Respecto a los costes y las diferencias entre lo proyectado y ejecutado el magistrado señala que "en realidad la mayor desviación estriba en el tema de los movimientos de tierras y los rellenos. Las universidades no cuestionan el proyecto, sino que lo que indican es que se ha producido una menor cantidad de obra respecto de lo previsto en el mismo".
Esa diferencia es la que se cuantificó por el Gabinete de Precios (Conselleria de Comercio). Aguas de Calpe pagó por las obras 3,3 millones de euros que se cifraron en 2,2 millones de euros reales, es decir hubo un sobrecoste de 1,1 millones. El caso Aguas de Calpe se arrastra desde que se iniciaron las obras y la Unión de Consumidores Españoles denunció los sobrecostes para evitar que los vecinos pagasen la diferencia a través de las tarifas del agua. La empresa que realizó la infraestructura -Obras Hidráulicas de Levante- era en realidad una firma de buzoneo cuyo administrador en la sombra es Francisco Artacho, cuñado del edil de Aguas, Juan Roselló. Esta empresa subcontrató las obras que se convirtieron en un auténtico calvario.