La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite una queja presentada contra el proyecto de trasvase de aguas del Ebro a Barcelona que se aprobó y derogó hace más de un año. Estudiará si era legal aquel proyecto, a pesar de que quedó sin efecto. La queja fue presentada por Chunta Aragonesista (CHA) y ha sido admitida a trámite con evidente tardanza. En cualquier caso, puede tener consecuencias de cara al futuro porque, en cierto modo, lo que analizará el Parlamento Europeo es si trasvasar aguas del Ebro a Barcelona encaja en la normativa comunitaria. Según CHA, que la queja haya sido admitida a trámite deja entrever que el Parlamento comunitario tiene dudas de la legalidad de ese trasvase. Es de prever que la Comisión Europea también se pronuncie al respecto y determine si aquel proyecto cumplía la normativa de la UE, especialmente la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Evaluación e Impacto Ambiental. A través de Tarragona El trasvase lo aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero a petición de Cataluña. La sequía redujo drásticamente las reservas de los embalses que abastecen a Barcelona y, como solución, se decidió trasvasar hasta la Ciudad Condal aguas del Ebro. Para ello se iba a prolongar la tubería que llega desde este río hasta Tarragona. Aquella decisión de Zapatero desató la polémica. El PP llegó a pedir la dimisión del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, después de que su gobierno PSOE-PAR arremetiera durante años contra el proyecto impulsado por José María Aznar para trasvasar aguas del Ebro a Valencia, Murcia y Almería. Aquella estrategia anti-trasvase de PSOE y PAR también fue secundada en su momento por el PSC y los nacionalistas catalanes, aunque el año pasado la obviaron al reclamar agua del Ebro para Barcelona. Lo que dijo la Comisión CHA, que participó igualmente en aquel frente común contra el PP por el trasvase, también se alzó el año pasado en contra de la decisión de Zapatero de trasvasar del Ebro a la Ciudad Condal, aunque al final no se cumplió. el decreto fue derogado porque llovió lo suficiente y se llenaron los embalses catalanes. Pero, aunque la obra no llegó a hacerse, fue incluso contestada por la UE. A raíz de unas preguntas planteadas hace un año por CHA, el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ya advirtió en aquel momento que la Comisión Europea no había recibido «ninguna información oficial sobre el decreto» de trasvase a Barcelona ni sobre «las medidas previstas». Asimismo, el comisario Stavros Dimas reprochó al Gobierno español por entender que su política sobre agua es improvisada y eso le llevaba a adoptar soluciones apresuradas ante situaciones graves de sequía. El responsable de asuntos europeos de CHA, Miguel Martínez Tomey, censuró ayer la actuación seguida por el Gobierno de Zapatero el año pasado con el trasvase a Barcelona. En línea con lo manifestado en su día por Stavros Dimas, este representante de CHA afirmó ayer que «el Gobierno central no informó a Europa del trasvase propuesto por Zapatero a Barcelona, como debería haber hecho, pero, además, vulneró con su política de hechos consumados los principios y disposiciones de la Directiva Marco del Agua». A juicio de Chunta, es «todo un ejemplo de abusos y malas prácticas que no debería cundir en la Unión Europea». Presa de Biscarrués Por otra parte, ayer se conoció también que el anteproyecto del embalse de Biscarrués —una de las obras del Pacto del Agua de Aragón acordado en 1992— ha recibido 8.000 alegaciones. La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, que se opone a la construcción de esta presa largamente esperada por los regantes del Alto Aragón, ha sido la encargada de recoger las firmas para estas 8.000 alegaciones, que ayer fueron presentadas ante la sede zaragozana de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).