DGA confirms the report of the work of the Institute of Water
Fri, 19/06/2009
Dos técnicos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ratificaron ayer ante el juez de La Almunia, que instruye el sumario por la presunta trama de corrupción de La Muela, el informe según el cual el ayuntamiento presidido por Mariví Pinilla no ejecutó obras de canalización y abastecimiento con un crédito de 635.000 euros concedido por el Instituto Aragonés del Agua.
Esta irregularidad salpica a varios de los implicados en la Operación Molinos, pero especialmente al concejal Fernando Barba, que es el responsable de los asuntos relacionados con el servicio y suministro de agua.
En la declaración, que se desarrolló entre las 10 y las 12 de la mañana, participó José Ángel Añón, coordinador del Plan del Agua, y estuvo presente Carlos Moreno, abogado de Fernando Barba. Al término del trámite judicial, este letrado insistió en que la investigación que detectó supuestas irregularidades en la ejecución de obras de canalización se llevó a cabo cuando estalló el escándalo y no al final del ejercicio contemplado en las subvenciones, al acabar el año 2009.
"Medio Ambiente dio una orden para que se hiciera una investigación de los trabajos efectuados, pero ese análisis no está previsto en la normativa reguladora por tratarse de una subvención plurianual", explicó Moreno. "De hecho la normativa contempla que la investigación se haga al terminar el periodo, a finales del 2009", subrayó.
"INFORME CUESTIONABLE" En opinión del letrado, la consejería que dirige Alfredo Boné "actuó alarmada por el escándalo mediático de la Operación Molinos". Sin embargo, añadió, "se trata de un análisis que no estaba previsto y que debería ser objeto de contradicción por la empresa NTA y por el propio Ayuntamiento de La Muela, que debe determinar qué obras se han ejecutado y cuáles están pendientes". "Por eso el informe es parcial, unilateral y, a mi juicio, muy cuestionable", agregó.
Para Carlos Moreno, se trata de un informe de la Diputación General de Aragón que tiene carácter defensivo o preventivo y que carece de valor definitivo.
La subvención iba destinada al abastecimiento y la canalización, por un importe total aproximado de 1.200.000 euros que debían distribuirse entre 2005 y 2009.
El informe de los técnicos de la DGA, realizado en abril pasado según el abogado defensor de Fernando Barba, hace valoraciones técnicas. Pero lo cierto, según el letrado, "es que la Administración autonómica liberó el pago, por lo que consideraría que la documentación era completa y suficiente".
Además, "no es una diligencia judicial, sino una actuación muy rápida de la DGA, de Medio Ambiente, motivada por el alcance mediático de la Operación Molinos y que se hizo en solo dos días", según Moreno.
Esta irregularidad salpica a varios de los implicados en la Operación Molinos, pero especialmente al concejal Fernando Barba, que es el responsable de los asuntos relacionados con el servicio y suministro de agua.
En la declaración, que se desarrolló entre las 10 y las 12 de la mañana, participó José Ángel Añón, coordinador del Plan del Agua, y estuvo presente Carlos Moreno, abogado de Fernando Barba. Al término del trámite judicial, este letrado insistió en que la investigación que detectó supuestas irregularidades en la ejecución de obras de canalización se llevó a cabo cuando estalló el escándalo y no al final del ejercicio contemplado en las subvenciones, al acabar el año 2009.
"Medio Ambiente dio una orden para que se hiciera una investigación de los trabajos efectuados, pero ese análisis no está previsto en la normativa reguladora por tratarse de una subvención plurianual", explicó Moreno. "De hecho la normativa contempla que la investigación se haga al terminar el periodo, a finales del 2009", subrayó.
"INFORME CUESTIONABLE" En opinión del letrado, la consejería que dirige Alfredo Boné "actuó alarmada por el escándalo mediático de la Operación Molinos". Sin embargo, añadió, "se trata de un análisis que no estaba previsto y que debería ser objeto de contradicción por la empresa NTA y por el propio Ayuntamiento de La Muela, que debe determinar qué obras se han ejecutado y cuáles están pendientes". "Por eso el informe es parcial, unilateral y, a mi juicio, muy cuestionable", agregó.
Para Carlos Moreno, se trata de un informe de la Diputación General de Aragón que tiene carácter defensivo o preventivo y que carece de valor definitivo.
La subvención iba destinada al abastecimiento y la canalización, por un importe total aproximado de 1.200.000 euros que debían distribuirse entre 2005 y 2009.
El informe de los técnicos de la DGA, realizado en abril pasado según el abogado defensor de Fernando Barba, hace valoraciones técnicas. Pero lo cierto, según el letrado, "es que la Administración autonómica liberó el pago, por lo que consideraría que la documentación era completa y suficiente".
Además, "no es una diligencia judicial, sino una actuación muy rápida de la DGA, de Medio Ambiente, motivada por el alcance mediático de la Operación Molinos y que se hizo en solo dos días", según Moreno.