Hoy nadie duda de que el agua es un factor decisivo para la riqueza y el progreso. El cambio climático y la progresiva desertización la convierten en un bien de primera necesidad que requiere una gestión eficiente y, sobre todo, justa. Ya no se trata de tener agua, sino de no desperdiciarla, de tenerla a un precio justo y redistribuirla equilibradamente para permitir el progreso de la región. Por tanto, es un factor clave para la cohesión social y territorial, que puede provocar grandes diferencias y desigualdades si su gestión no es la acertada.
Comisiones Obreras siempre ha defendido la necesidad de una política estratégica del agua en Andalucía, y que sobre ella giren otras políticas que determinan el desarrollo industrial y agrícola, las inversiones en infraestructuras, la sostenibilidad y el medio ambiente, etc. Así lo defendimos, por ejemplo, al reclamar el traspaso de las competencias de la Cuenca del Guadalquivir, traspaso que, una vez realizado, exige de Andalucía una gestión eficiente de la misma.

Por eso es esencial para nuestra región la futura ley del agua, cuyo anteproyecto está en fase de debate en la sociedad. Desde nuestra concepción del agua como un elemento vertebrador de la región y generador de riquezas, y aún reconociendo aspectos interesantes en el anteproyecto, apreciamos algunas carencias que deben ser resueltas para garantizar una gestión eficiente de este bien primordial para Andalucía. Uno de estos puntos débiles es la recuperación de los costes ambientales, proponiéndose un canon que solo grava el uso urbano del agua, el 10% del consumo total en Andalucía. Sin embargo se deja fuera de este canon al regadío, que supone el 80% del consumo y es el responsable de la contaminación difusa de nuestra agua de boca y de su encarecimiento por los tratamientos necesarios. Mientras que los usuarios domésticos tendrán que pagar una cuota fija de disponibilidad del recurso independientemente de su nivel de renta o situación, los regantes no abonarán este canon. Sitúa así al consumidor doméstico como el principal sostenedor de los costes de gestión del agua siendo el que menos consume.

Otro aspecto clave es la reasignación de recursos hídricos, siendo imprescindible para ello una nueva política de concesiones de derechos sobre el agua. El anteproyecto entra en profundas contradicciones al contemplar avances importantes en este terreno y al mismo tiempo permitir, por ejemplo, el intercambio privado de derechos de agua hasta el límite temporal de su concesión. Es decir, se concede a alguien el uso gratuito de un bien público por un tiempo determinado para un negocio, derecho que puede vender por el tiempo de la concesión a otra persona. Por increíble que parezca el texto permite que alguien a quien se ha autorizado una concesión gratuita de agua para su uso la convierta en negocio. No paga por la disponibilidad, pero la puede cobrar.

Carencias y contradicciones que surgen de la escasa participación de los agentes sociales y económicos en este proceso. En Andalucía llevamos años comprobando los resultados positivos del diálogo y el consenso a través de la concertación social, y estamos seguros de que son imprescindibles para diseñar entre todos una nueva política de agua. Sólo desde la transparencia informativa y la participación de todos los agentes implicados se logrará una ley consensuada que garantice una gestión eficiente y justa del agua, que la convierta en motor económico y elemento de cohesión, al tiempo que preserve el patrimonio hídrico de Andalucía para las generaciones futuras.

Es urgente una nueva política de agua para Andalucía. Nos jugamos mucho todos, se juegan mucho los andaluces del futuro, por eso esta ley debe nacer del diálogo. Aún estamos a tiempo de elaborar un anteproyecto consensuado. Estamos ante una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar, la de situar la gestión del agua como un elemento estratégico en el desarrollo de Andalucía y como un factor de igualdad y cohesión social. En definitiva, el agua como columna vertebral de Andalucía y manantial de igualdad.