El polémico corte en el regadío del bajo Guadalquivir, el pasado 19 de mayo, apenas tuvo incidencia en los cultivos. Un informe de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), elaborado con datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir (SAIH), viene a desmontar los argumentos que llevaron a la principal federación de regantes, Feragua, a anunciar una querella contra dos altos cargos de la Agencia Andaluza del Agua: el director de Dominio Público Hidráulico, Javier Serrano, y la directora provincial en Sevilla, Pilar Pérez, a los que acusa de los delitos de prevaricación, expropiación ilegal y daños.
Feragua, con el apoyo de la patronal agraria Asaja, sostenía que el corte afectó a más de 113.000 hectáreas de regadío cultivadas de tomate, algodón, maíz, remolacha, frutales, cítricos y hortícolas. Sin embargo, el informe elaborado por UPA, complementado con visitas a pie de campo a la zona afectada, pone de manifiesto que "no se han producido daños en cultivos, ni tan siquiera en el más frágil que podría ser el tomate, ni tampoco en instalaciones de regadío". Por el contrario, se defiende que esta actuación ha tenido como efecto inmediato el aumento de los caudales por la presa de Alcalá, al conseguir de esta forma disminuir los niveles de salinidad que han permitido salvar más de 35.000 hectáreas de arroz.

Según el citado informe, el corte total se prolongó durante 13 horas, y afectó a una zona regable de 88.616 hectáreas, casi 25.000 menos de las expuestas por Feragua y Asaja. UPA considera, por tanto, que "carece de seriedad y profesionalidad" el argumento de esas dos organizaciones, que han reclamado una indemnización de 6,5 millones de euros por los daños causados en cultivos y sistemas de bombeo.

En las visitas realizadas por técnicos de UPA a agricultores de municipios como Dos Hermanas, Los Palacios y El Trobal se pudo apreciar que muchos de esos regantes ni siquiera tuvieron constancia del corte, cuyos efectos fueron irrelevantes en los cultivos. "En el tomate, que podría ser uno de los más sensibles a un posible déficit hídrico, debido a que se encuentra todo el cultivo de la zona arraigado y en pleno ciclo vegetativo, el corto periodo de tiempo sin agua no tiene repercusión alguna. En el resto de cultivos principales del Canal del Bajo Guadalquivir como son maíz, algodón o cítricos no hay posibilidad de daño alguno en un corte de suministro de agua tan breve", se expone en el estudio de la UPA.
El tortuoso camino de la Ley de Aguas

La denuncia de Feragua contra dos altos cargos de la Agencia Andaluza del Agua por el corte en el riego ha resucitado la guerra del agua en la comunidad. Detrás de todo está el crecimiento desorbitado de la superficie de regadío en los últimos años, que supera ya el millón de hectáreas, lo que ha derivado en un importante déficit hídrico en las principales cuencas, en especial la del Guadalquivir.

La futura Ley de Aguas de Andalucía pretende poner coto al regadío y revisar las concesiones históricas, y ese parece ser el trasfondo de esta guerra sin cuartel de un sector estratégico que ocupa el 22% de la superficie agraria útil andaluza, el 60% de la producción final agraria (más de 4.570 millones de euros), un 50% del empleo agrario andaluz y el 15% del empleo total regional.

"Feragua ha acudido a los tribunales al perder su influencia en la Agencia Andaluza del Agua, pues hasta ahora concebía el regadío como su cortijo", asegura con rotundidad Agustín Rodríguez, secretario general de UPA en Andalucía. Rodríguez sale así al paso de las críticas recibidas desde Asaja, que lo tildó como "comisario político externo de la Agencia". Asaja se ha dirigido al nuevo director gerente de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, para que haga imperar el "rigor y el sentido común". Tanto Asaja como Feragua son los colectivos que han presentado un mayor número de alegaciones al anteproyecto de la Ley de Aguas, a la que antes
le espera un camino tortuoso.