Mirar por el bolsillo del contribuyente es una forma de actuar que parecen tener muy claro algunos políticos en estos tiempos de crisis. Por eso, y por considerarla una ley «Injusta» la alcaldesa de la localidad, Esperanza Oña, llevó ayer a pleno una moción en la que se insta a la Junta de Andalucía que retire el anteproyecto de la nueva Ley de Aguas, una medida que de ser aprobada, en palabras de la popular, «conllevará un incremento de la factura del suministro en los hogares de entre un 30% y un 32% con respecto a las tarifas actuales».
Oña explicó en pleno que con esta subida, «la Junta pretende hacer pagar a todos los andaluces un peaje del agua, ya que a partir de su aprobación habrá que abonar a través del recibo todas las infraestructuras hidráulicas que se hagan en la comunidad. Durante su discurso, la mandataria argumentó que «se han inventado un canon variable de forma que cada vez que se beba agua o se haga cualquier uso del agua ya sea en Fuengirola o en Dos Hermanas se estén pagando obras de infraestructura pasadas o futuras de la comunidad autónoma en las que no se tiene decisión alguna».
Más obras
La moción, que fue ratificada por PP y PA y contó con la abstención del PSOE, exige además que se construyan todas las infraestructuras pendientes para completar el ciclo integral del agua en la región, además de pedir que cualquier regulación que prevea la Junta respete la autonomía municipal. Además, se solicita que la norma legal sobre aguas no contemple ningún impuesto que encarezca el precio de las facturas por encima del IPC a las familias.
Por otro lado, regidora quiso hacer hincapié en que la Ley que se pretende aprobar usurpa a los ayuntamientos todas las competencias en materia de aguas, por lo que «los deja como meros cobradores». En este sentido, ha criticado la «voracidad recaudatoria de la administración autonómica» y ha resaltado que, aunque los ciudadanos no paguen sus recibos de agua a los ayuntamientos, estos sí tienen que pagar la totalidad del montante a la Junta de Andalucía. Por todo ello, Oña criticó que «se plantee una ley injusta, voraz desde el punto de vista económico e intervencionista. Es irracional ya que pretende beneficiarse de un bien escaso y que persigue incrementar los ingresos de la administración por consumo de agua en un 400 o 500%».
Por su parte desde el PSOE recalcaron que el debate de este asunto no es materia de un pleno municipal sino de la administración regional, que no tenía cabida en la sesión y que por ello preferían abstenerse en la votación.