La contrata del agua sigue dando que hablar en el municipio de Altea. Después de varios meses de polémica sobre la baremación de las ofertas presentadas al concurso de adjudicación, la mercantil Aigües d'Altea -la empresa que finalmente se hizo con la concesión del servicio de saneamiento y abastecimiento de agua potable- vuelve a primera línea de la controversia al cobrar a todos sus abonados una tarifa un 33% superior a la legalmente establecida en el recibo correspondiente al mes de abril.
Así lo denunció ayer la edil independiente, Paca Sevila, quien ya se abstuvo en la votación que adjudicó el servicio al estimar que la plica presentada por Aigües d'Altea contenía la oferta más cara. Pero las irregularidades no se limitan sólo al incremento tarifario. La propia Sevila añadió que, además, «el padrón de contribuyentes que se ha puesto al cobro tampoco ha sido aprobado por la Junta de Gobierno ni ha sido informado por los técnicos municipales», como marca la legislación.
Las anomalías puestas de manifiesto por Sevila fueron reconocidas poco después por el edil de Infraestructuras, el socialista Santiago Ronda. El regidor admitió las irregularidades en los recibos puestos al cobro aunque hizo hincapié en que únicamente son imputables a la mercantil, ya que «ella es la que ha girado los recibos correspondientes». Con todo, se apresuró a indicar que se «subsanará» esta situación «en los próximos recibos» y que la tarea del equipo de Gobierno (formado por PSPV y Cipal, con apoyos puntuales de dos ediles del Bloc) es precisamente intentar «corregir este tipo de irregularidades».
No obstante, Sevila expuso ayer que su denuncia pública llega después de lanzar varias advertencias sobre esta irregularidad durante las últimas semanas. Detalló que incluso preguntó al respecto en sucesivas comisiones informativas de Hacienda, en las que pidió explicaciones al consistorio sobre la permisividad del giro de estos recibos que han dado pie a un «cobro ilegal», ya que no se ha aprobado en el municipio modificación alguna de tarifas.
Sevila recalcó que para que la concesionaria pueda aplicar esta subida de las tarifas es necesario que, mediante acuerdo plenario, se modifique «las ordenanzas que regulan su cobro actualmente», una circunstancia que no se ha producido. Ante esta irregularidad y la falta de confirmación del padrón de contribuyentes, Sevila no dudó en acusar al alcalde de la localidad, el socialista Andrés Ripoll, de «dejación de funciones» y de «consentir» esta situación al margen de la ley.
Por su parte, el edil de Infraestructuras, si bien reconoció las irregularidades practicadas por la empresa, eximió de toda responsabilidad a la administración local y recalcó que la labor del equipo de Gobierno pasa ahora por corregir el error cometido por Aigües d'Altea. Ronda significó que «el ayuntamiento no ha consentido nada» y añadió que se optó por no paralizar el cobro de esos recibos para no causar un perjuicio a los usuarios. Así, el edil afirmó que «si se paraba el cobro» de las facturas del agua «el perjudicado iba a ser usuario, al que se le iba a acumular el consumo y por lo tanto el gasto del agua». Tras esta exposición, Ronda reiteró que «por eso optamos por corregir el problema en los próximos días».
La mercantil Aigües d'Altea surge de la unión temporal de empresas formada por Tyosa y Aguas de Valencia. Su oferta resultó adjudicataria del servicio con el voto favorable del Partido Popular (PP) y de los dos ediles del Bloc (ambos grupos en la oposición) contra el criterio del equipo de gobierno, de los «ponderados informes técnicos» y contra la propuesta de la Mesa de Contratación, como recordó ayer Sevila. Es más, la secretaria municipal accidental advirtió, en su informe, que la adjudicación al margen de la propuesta realizada por al Mesa de Contratación «sin la suficiente motivación» sería contraria a derecho y «podría ser declarada su nulidad». De hecho, el acuerdo provocó la presentación de un recurso contencioso-administrativo por parte de la empresa Aqualia, la empresa mejor puntuada en el concurso. El recurso llevó al juzgado a suspender el acuerdo de adjudicación de manera cautelar hasta que, en octubre, acordó levantar la medida y permitió que la empresa comenzase a operar.

Cronología de la adjudicación
Julio: la mesa de contratación del Ayuntamiento de Altea propone adjudicar la contrata del agua a Aqualia frente a Aquagest.
Agosto: el PP suma al Bloc contra el Gobierno de Altea y adjudica la contrata a Tyosa-Aguas de Valencia pese a que fue la tercera en puntuación.
Octubre: El juzgado suspende la adjudicación al atender el recurso de Aqualia y la levanta meses después pero sigue sin resolver el recurso.

LA POLEMICA

La posible censura, los contenciosos y la inversión en obras

La contrata del agua ha sido uno de los aspectos más polémicos de la actual legislatura en Altea. Al margen de que el servicio se adjudicase a una empresa distinta a la mejor puntuada, la votación que inclinó la balanza dio pábulo a todo tipo de especulaciones sobre una posible moción de censura. Y es que el acuerdo de adjudicación fue el resultado de la suma de los votos favorables de PP y dos regidores del Bloc que se impuso frente a los votos en contra de PSPV y Cipal, en minoría. Con todo, ese acuerdo de adjudicación sigue sujeto a la resolución de los contenciosos presentados por otras dos empresas concursantes: Aquagest y Aqualia. El presentado por esta última motivó la suspensión cautelar de la adjudicación lo que motivó la oposición del consistorio al peligrar las inversiones previstas.

El Verger amplía la sospecha de trato de favor en la tasa del alcantarillado

El alcalde de El Verger, el popular Miguel González, desveló ayer nuevos datos que amplían las sospechas de trato de favor hacia la promotora Construcciones Conca en el cobro de otra tasa distinta a la del servicio del agua: la correspondiente a la conexión con la red de alcantarillado.
González apuntó a EL MUNDO que el anterior equipo de gobierno, compuesto por PSPV y Bloc, autorizó el enganche de los 60 apartamentos construidos por Conca en la frontera de los términos de El Verger y Dénia el 1 de julio de 2005. En ese momento, la tasa cobrada por el ayuntamiento fue de 6.000 euros, a razón de 600 euros por vivienda «y no existía ningún convenio marco que regulase que la autorización de enganche y de vertido era sólo provisional».Según González, ese convenio marco defendido por la ex alcaldesa de Dénia, la socialista Paqui Viciano, no se firmó hasta el 29 de diciembre de 2006, de modo que «las viviendas de Construcciones Conca no estaban amparadas por él».
Dentro de ese acuerdo marco sí se encuadraban los 26 apartamentos construidos por Ebedase en la misma partida de Les Deveses. Sin embargo, a esa segunda promotora se le cobró más de 42.000 euros por el enganche a la red, a razón de 44.720, a razón de cerca de 1.600 euros por vivienda.
Esa distinción de trato fiscal fue la que llevó al actual equipo de Gobierno a trasladar el asunto a la Fiscalía para determinar si se hubiese cometido algún tipo de delito y esclarecer supuestas responsabilidades.