Experts and "Water and Progress" consider the separation of the Vinalopó like “attack to the common sense”
Thu, 14/05/2009
Coepa, la UA y la Fundación Agua y Progreso arremetieron ayer contra el plan del Gobierno central de separación de cuencas hidrológicas, que afecta al Vinalopó y a l'Alacantí. «Esto es el colmo del retorcimiento y de falta de perspicacia y atenta contra el sentido común», criticó el profesor Joaquín Melgarejo. Alerta de que si tiene que llegar agua de los pozos de Villena a Alicante, tendrá que hacerse una ley nueva, con todo lo que supone de tiempo.
En una jornada en Coepa, con presencia de su presidente, Modesto Crespo, aludieron al posible cese del Tajo-Segura. Sin contar el lucro cesante que provocaría el cese del trasvase que siguen defendiendo con uñas y dientes el PSOE y el PP en Castilla-La Mancha, esta decisión, de aprobarse en las Cortes generales, provocaría la petición de una indemnización multimillonaria por parte de las instituciones económicas alicantinas.
Ayer, el profesor de la UA, Joaquín Melgarejo, que coordina un estudio sobre la valoración patrimonial que está siendo patrocinado por la patronal Coepa y por la Fundación de la Generalitat Valenciana Agua y Progreso, cuantificó dicha reclamación patrimonial en mucho más de los 3.500 millones de euros en que se valora sólo la merma del sector agrícola (sus cultivos y el valor del suelo de regadío). Melgarejo estima que el Estado debería indemnizar con unos 10.000 millones de euros a los agricultores de Murcia, Alicante y Almería por la pérdida patrimonial. Cerca de 6.500 millones de euros tendrían que ir dirigidos a los regantes murcianos, unos 3.500 millones a los alicantinos y una pequeña parte a los almerienses.
Resto de sectores
A esta cantidad habría que añadir el lucro cesante agrícola (producción anual), estimado en unos 1.000 millones de euros (380 sólo en Alicante). Eso sin incluir todavía la merma relativa al resto de sectores económicos del Levante, sobre todo en la industria, la construcción y el turismo. El trasvase sirve para abastecer 127.000 hectáreas de cultivos 40.000 en Alicante.
Pondría fin al envío anual de hasta 600 hectómetros cúbicos anuales tanto para riego como para consumo de boca.
El fin del trasvase tendría también serias repercusiones sobre el abastecimiento de agua público. Así, Melgarejo dice que los 60 hectómetros cúbicos para el consumo público pasarían de costar 0,12 euros a 0,60 euros (precio en bruto en planta del agua desalinizada).
En una jornada en Coepa, con presencia de su presidente, Modesto Crespo, aludieron al posible cese del Tajo-Segura. Sin contar el lucro cesante que provocaría el cese del trasvase que siguen defendiendo con uñas y dientes el PSOE y el PP en Castilla-La Mancha, esta decisión, de aprobarse en las Cortes generales, provocaría la petición de una indemnización multimillonaria por parte de las instituciones económicas alicantinas.
Ayer, el profesor de la UA, Joaquín Melgarejo, que coordina un estudio sobre la valoración patrimonial que está siendo patrocinado por la patronal Coepa y por la Fundación de la Generalitat Valenciana Agua y Progreso, cuantificó dicha reclamación patrimonial en mucho más de los 3.500 millones de euros en que se valora sólo la merma del sector agrícola (sus cultivos y el valor del suelo de regadío). Melgarejo estima que el Estado debería indemnizar con unos 10.000 millones de euros a los agricultores de Murcia, Alicante y Almería por la pérdida patrimonial. Cerca de 6.500 millones de euros tendrían que ir dirigidos a los regantes murcianos, unos 3.500 millones a los alicantinos y una pequeña parte a los almerienses.
Resto de sectores
A esta cantidad habría que añadir el lucro cesante agrícola (producción anual), estimado en unos 1.000 millones de euros (380 sólo en Alicante). Eso sin incluir todavía la merma relativa al resto de sectores económicos del Levante, sobre todo en la industria, la construcción y el turismo. El trasvase sirve para abastecer 127.000 hectáreas de cultivos 40.000 en Alicante.
Pondría fin al envío anual de hasta 600 hectómetros cúbicos anuales tanto para riego como para consumo de boca.
El fin del trasvase tendría también serias repercusiones sobre el abastecimiento de agua público. Así, Melgarejo dice que los 60 hectómetros cúbicos para el consumo público pasarían de costar 0,12 euros a 0,60 euros (precio en bruto en planta del agua desalinizada).