Un informe de Medio Ambiente sostiene que, aunque no parece una solución "conveniente a corto plazo", la transferencia desde el afluente del Ebro es más viable que la del río francés.

El informe sobre la viabilidad del trasvase del Ródano a Barcelona que el Gobierno central se comprometió a realizar el año pasado, en plena polémica por el intento de trasvase del Ebro, concluye que la transferencia de caudales desde el río francés no es necesaria, resultaría cara y además tendría diversos inconvenientes sociales, políticos y ambientales.

No obstante, y en lo que respecta los intereses directos de Aragón, el documento sostiene también que, pese a no ser una buena opción "a corto plazo", el trasvase a Barcelona desde el Segre sería preferible al del Ródano. Según publicaba ayer la edición digital de La Vanguardia, el informe destaca que la transferencia desde ese afluente de la cuenca del Ebro "requeriría una infraestructura significativamente menor y no estaría expuesta a la decisión de un segundo país".

De esta forma, el Gobierno central parece descartar la conexión entre la capital catalana y el río francés, una demanda histórica de las instituciones catalanas y de Convergencia i Unión (CiU). Al mismo tiempo, apunta a que, en caso de tener que decantarse por alguna de las dos opciones, preferiría hacer el trasvase del Segre aunque tampoco lo vea como una buena alternativa.

"Las soluciones de abastecimiento con aguas procedentes del Segre no parecen ser las más convenientes a corto plazo... mientras no se concreten los proyectos de desarrollo económico y social (regadíos y otras actividades consuntivas) de las zonas más deprimidas -puede leerse en el informe encargado por el Ministerio de Medio Ambiente a un grupo de expertos- No obstante, comparada con la alternativa Ródano requeriría una infraestructura significativamente menor y no estaría expuesta a la decisión de un segundo país".

Cataluña lo planteó hace un año

La posibilidad de trasvasar caudales del río Segre a las cuencas internas de Cataluña -en concreto, al sistema Ter-Llobregat, el que abastece a la región metropolitana de Barcelona- fue planteada por la Generalitat a comienzos del año pasado como solución de emergencia a la sequía. La falta de lluvias amenazaba con provocar restricciones de agua en los meses de verano, por lo que el Gobierno catalán proyectó en secreto transferir 47 hectómetros cúbicos del Segre al río Greixer.

A pesar de las presiones del tripartito, el Gobierno central se opuso a este proyecto por considerarlo insostenible ambientalmente. En su lugar, el Ministerio de Medio Ambiente apostó por prolongar hasta Barcelona el trasvase del Ebro a Tarragona. La decisión fue tomada unilateralmente sin consultar a las comunidades de la cuenca cedente, y solo las lluvias lograron que no se llevara a cabo.

Las razones del 'no' al Ródano

En cuanto a la viabilidad del trasvase del Ródano a Barcelona, las conclusiones del informe de Medio Ambiente sostienen que esa opción "no presenta ventajas evidentes frente a otras alternativas cuya implantación y entrada en servicio sí puede hacerse en el corto y medio plazo". "Cualquiera de las otras alternativas (...) tienen costes de operación inferiores o similares, su ejecución puede desarrollarse de forma modular de acuerdo a las necesidades y su gestión puede realizarse de manera autónoma", dice el documento.

Los autores del trabajo se refieren a que la Generalitat está construyendo tres desaladoras en la región de Barcelona que aumentarán sensiblemente su disponibilidad de caudales -la primera de ellas, la de El Prat, se inaugura el mes que viene-. Además, existen otras actuaciones impulsadas como alternativas al fallido trasvase del Ebro: la interconexión de las redes del Ter y el Llobregat, la reutilización de aguas residuales, la recuperación de acuíferos...

Además de sostener que no es necesario, el informe del Ministerio también destaca que los costes del Ródano superan "notablemente" a los de la desalación y menciona otros inconvenientes: mayor impacto en el medio físico, posibles problemas de calidad por contaminación, inseguridad jurídica por la internacionalidad del proyecto y otras.