Después de 40 años y largas luchas sociales emprendidas, sobretodo, por las comunidades campesinas e indígenas finalmente la Ley N° 29338, Nueva Ley de Recursos Hídricos, ha sido promulgado por el Ejecutivo, que de algún modo es beneficioso ya que deroga los cuestionados Decretos Legislativos 1081 y 1083 que tenían un matiz privatista del agua, sin embargo, debemos mencionar que esta nueva ley recoge mucho del contenido de los decretos legislativos antes mencionados, los cuales alertan a la población y motivan nuevos conflictos sociales. Por otro lado, debemos indicar que esta nueva ley aún no entra en vigencia porque no está reglamentada y para ello se tiene un plazo de 60 días.

Pero ¿Cuál es el fundamento para que se estén llamando y gestando nuevas movilizaciones sociales?, uno de los elementos es indudablemente el temor de privatización del agua. Pese a que la nueva ley de aguas en el Art. 2° afirma, que el agua constituye patrimonio de la nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible… no hay propiedad privada sobre el agua, con esta premisa el nuevo texto de la ley no termina de suprimir completamente la privatización de este elemento vital, por el contrario se habla de servidumbre de agua (gravamen que recae sobre un predio para el uso del agua) que puede ser natural, voluntaria y forzosa. Otro término novedoso de esta nueva ley que podría conducir a la privatización, es la “gestión de recursos hídricos” cuya responsabilidad fácilmente puede ser entregada a una entidad privada, algo que si establecía el Decreto Legislativo 1081, lo que sin duda constituye una forma de privatización. Entonces podemos decir que, legalmente el agua no puede ser privatizada, sin embargo, su administración o su gestión si puede ser privatizada, porque el gobierno puede otorgar concesiones a terceros o particulares para su administración o gestión ya sea con fines de protección ambiental o cuando se considere como interés de la nación,

Es cierto que la participación del sector privado es necesaria porque el Estado no está en la disponibilidad, ni en la capacidad de hacer mayores desembolsos y mucho menos los usuarios están en capacidad de realizar las fuertes inversiones que se requieren para la reposición, mantenimiento y operación de los sistemas hídricos. Sin embargo, el Estado debe promover normas, respetando los convenios y normas internacionales, que regulen la adecuada gestión y uso del agua para evitar abusos.

No todo es malo, ya que la ley también tiene aspectos positivos, como el reconocer a las comunidades campesinas y nativas derechos y roles similares, incluso a los de las organizaciones de usuarios de aguas ya que en el Art. 32º, señala que las comunidades campesinas y comunidades nativas se organizan en torno a sus fuentes naturales, microcuencas y subcuencas de acuerdo con sus usos y costumbres. Las organizaciones tradicionales de estas comunidades tienen los mismos derechos que las organizaciones de usuarios. Es decir, tienen las siguientes funciones: a) Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, b) Distribución del agua, c) Cobro y administración de las tarifas de agua.

Así mismo, el Estado reconoce y respeta el derecho de las comunidades campesinas y comunidades nativas de utilizar las aguas existentes o que discurren por sus tierras, así como sobre las cuencas de donde nacen dichas aguas, tanto para fines económicos, de transporte, de supervivencia y culturales. Este derecho es imprescriptible, prevalente y se ejerce de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales de cada comunidad.

Otro asunto que justifica las protestas sociales, es que la nueva ley centraliza las atribuciones en la Autoridad Nacional de Aguas (ANA), quien es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos cuyo consejo directivo es la máxima instancia, sin embargo, se observa que el Consejo Directivo está dominado por una mayoría estatal, porque de los 13 miembros, solo 4 miembros son representantes de las organizaciones sociales rurales (organizaciones de usuarios agrarios, organizaciones de usuarios no agrarios, comunidades campesinas y comunidades nativas).

Además los consejos de cuenca, han vuelto a ser relegadas ya que funcionarán como órganos consultivos de la ANA, que «participan» en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento del agua en sus respectivos ámbitos, pero que carecen de todo poder de decisión.

Todo lo relacionado con la retribución económica y las tarifas merecen mayor atención, pero la ley deja planteadas varias dudas que deberán ser resueltas por el reglamento. Evidentemente, esta no es la mejor manera de tratar un tema tan delicado y sensible para la mayor parte de usuarios, tanto agrícolas como urbanos.

Como otro factor importante que genera conflictos sociales, está el protagonismo político que vienen promoviendo algunos movimientos y partidos políticos.

No podemos ser indiferentes a esta realidad, estamos a menos de 2 años para que se realicen las elecciones regionales y municipales y a menos de 3 años para las elecciones presidenciales, en este contexto muchos movimientos y partidos políticos vienen promocionando personas que pueda levantar a dichos actores políticos, por un lado. y por otro lado, existen muchas personas o líderes que tienen aspiraciones políticas que vienen buscando protagonismo político y generando corrientes de opinión antisistemas, nacionalistas, proteccionistas de recursos naturales (situación que es natural y nada malo) con la finalidad de que puedan ser captados por algún movimiento o partido político y así tentar algún sillón municipal, regional o presidencial.

Como sabemos en estos tiempos, el cuidado de los bienes de la creación (flora, fauna y minerales) es un tema bastante sensible y pone en riesgo la vida de las poblaciones rurales, sobretodo, quienes buscan proteger la naturaleza de cualquier modo. Sin embargo, estos problemas de las poblaciones rurales, que tiene que ver con temas medioambientales, actividades mineras, aguas, tierras, etc, vienen siendo muy bien capitalizadas por personas, movimientos y partidos políticos, quienes al mismo tiempo vienen aprovechándose de la idiosincrasia, humildad y preocupación de los pobladores rurales.