La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) abrió el pasado año un total de 1.461 expedientes sancionadores en la cuenca del Duero lo que representa un descenso del 13,24 por ciento respecto a los expedientes incoados el año anterior.

Según informaron a Europa Press fuentes del órgano de cuenca, los vertidos, los riegos no autorizados y las obras que se han ejecutado sin permiso de la CHD en los cauces y en la zona de policía volvieron a ser las infracciones que acapararon un mayor número de expedientes.

Por provincias, Salamanca, Burgos y León fueron las que mayor número de expedientes acumularon, por el contrario Soria y Ávila fueron en 2008 las provincias con menor número de expedientes abiertos.

En relación con el año 2007, el número de expedientes re redujo en un 13,24 por ciento, "siguiendo la tónica de los últimos años (en el año 2005 se abrieron cerca del doble de expedientes que en el pasado ejercicio) gracias a que la CHD ha incrementado la vigilancia del Dominio Público Hidráulico (DPH)".

Según destacaron las mismas fuentes, el aumento de la vigilancia proyecta una imagen de mayor control y desincentiva, "en consecuencia, la comisión de infracciones, a esta circunstancia se une el hecho indudable que los ciudadanos están cada día más concienciados con la protección del medio ambiente".

En concreto, en el año 2008 se abrieron 423 expedientes por vertidos no autorizados, frente a los 475 expedientes de 2007. Las provincias de Burgos (85), Zamora (74) y Salamanca (72) se situaron a la cabeza de las infracciones por este motivo.

En cuanto a riegos, destaca también el descenso de los expedientes abiertos por riegos no autorizados de modo que si en 2007 fueron 341 los expedientes abiertos, en 2008 este número se redujo a los 328. Valladolid, con 62 expedientes; Burgos, con 61, y Segovia, con 52, fueron las provincias con más infracciones por este motivo.

Por otro lado, los expedientes abiertos por llevar a cabo, sin permiso, obras en el cauce de los ríos y en la zona de policía --la que se encuentra a menos de cien metros del cauce-- experimentaron en 2008 un ligero incremento. Así, el pasado año se abrieron 306 expedientes frente a los 289 de 2007. En este caso, León, con 56 expedientes, fue la provincia que encabezó el número de infracciones seguida de Salamanca, con 53, y Burgos, con 45.

Asimismo, el pasado año se abrieron 152 expedientes por depositar escombros, y todo tipo de materiales en las riberas de los ríos, 128 por incumplir las condiciones de autorizaciones y concesiones, mientras que el resto de expedientes (124) estuvieron relacionados con la navegación no autorizada, las cortas de arbolado, las plantaciones o las extracciones de áridos sin contar con los permisos pertinentes de la CHD y la construcción de pozos sin autorización.

CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES

De la totalidad de los expedientes abiertos en 2008, dos fueron calificados como "muy graves" -la extracción de áridos en Galisancho (Salamanca) y la ocupación del dominio público hidráulico y la posterior ejecución de obras no autorizadas en varios arroyos (Burgos)-, 30 fueron por infracciones graves, 330 por menos graves y 1.099 por infracciones calificadas como leves.

Según recordaron las mismas fuentes, la valoración de los daños causados al Dominio Público Hidráulico es "determinante" para la calificación de la infracción. "Precisamente en el año 2008 ha entrado en vigor una Orden Ministerial que fija los criterios para realizar estas valoraciones", añadieron desde la CHD.

Así, según establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico las infracciones que hayan causado daños al DPH valorados en menos de 450 euros son calificadas como leves, cuando los daños oscilan entre los 450 y los 4.500 euros son menos graves. Si los daños se cuantifican entre 4.500 y 45.000 euros la infracción es grave, mientras que si superan los 45.000 euros la infracción se considera muy grave.

Otros de los criterios utilizados para calificar el tipo de infracción son, entre otros, los riesgos que esa actividad pueda suponer para las personas, "por ejemplo una edificación en zona inundable, o los beneficios que esa actividad pueda reportar al infractor (por ejemplo, abandonar residuos junto al río degradando su entorno en lugar de abonar los gastos que supone su tratamiento por un gestor autorizado)".

Las infracciones leves y menos graves las resuelve el presidente de la CHD; las graves, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y las muy graves las resuelve el Consejo de Ministros.

Además de la obligatoriedad, en todos los casos, de indemnizar los daños causados al DPH, y restablecer, en su caso, la situación retirando obras e instalaciones ilegales, las infracciones leves conllevan sanciones de hasta 6.000 euros; las menos graves, de 6.000 a 30.000 euros; las graves de 30.000 a 300.000 euros; mientras que las multas de las infracciones muy graves oscilan entre los 300.000 y 600.000 euros.

Por otro lado, el pasado año el Organismo de cuenca recibió 1.752 denuncias frente a las 1.991 denuncias recibidas en 2007, 1.016 procedentes de su propia guardería fluvial, 559 de la Guardia Civil y el resto de otros agentes de la autoridad (agentes medioambientales de las comunidades autónomas, policía municipal..). "En ocasiones, son los propios ciudadanos los que ponen los hechos en conocimiento de la autoridad, que los investiga, y, si constituyen infracción, formula la denuncia", relataron las mismas fuentes.

La CHD recordó por último que la totalidad del dinero recaudado como consecuencia de las sanciones se invierte en la mejora de la gestión del Dominio Público Hidráulico y la calidad de las aguas de la cuenca del Duero y en concreto en programas tales como la explotación de las redes de control de calidad de las aguas, el programa de mantenimiento y conservación de cauces, el plan de inspección de vertidos y el de vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico, entre otros.