FERAGUA se ha adherido al Acuerdo Andaluz por el Agua, promovido por el Gobierno andaluz para sentar las bases de un consenso mínimo sobre la política de aguas en la Comunidad. Dicho consenso debe servir como punto de partida para la formulación de una Ley de Aguas andaluza que esperamos no se distancie, ni en la letra ni en el espíritu, del acuerdo suscrito, ni tampoco de la norma superior que le debe servir como marco y como referencia básica, la Ley de Aguas estatal. La adhesión de Feragua al Acuerdo Andaluz por el Agua responde en primer lugar a la convicción de que la política hidráulica debe regirse por la participación y la búsqueda del consenso entre las Administraciones y los agentes implicados; en segundo lugar a la confianza personal que nos inspira el director de la Agencia Andaluza del Agua, Jaime Palop, cuya experiencia y buen hacer hemos podido acreditar tanto en sus responsabilidades en el Ministerio de Medio Ambiente como en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; y en tercer lugar a la modificación de algunos de los contenidos que se barajaron en los primeros borradores y que se han concretado en la preservación del régimen económico-financiero del regadío, el respeto a los derechos concesionales y el reconocimiento del imprescindible papel de las comunidades de regantes en la gestión del agua. Sobre lo primero, el mantenimiento del régimen económico-financiero, hemos de felicitarnos de que finalmente se haya impuesto el sentido común y todos hayan aceptado que estas nuevas figuras tributarias ni son soportables para el regadío, ni son necesarias para adaptar el campo andaluz a la Directiva Marco de Aguas (DMA). Sí apunta el acuerdo (y nosotros lo respaldamos) hacia una modernización del sistema tarifario que premie el ahorro y penalice el despilfarro, sin que ello suponga un mayor coste para el agricultor. De esa forma, se da respuesta a los requisitos de la DMA, que además explícitamente reconoce la necesidad de adaptar sus exigencias a las peculiaridades geoclimáticas de cada territorio. Sobre la importancia de la participación de las comunidades de regantes en la gestión, nos satisface que el acuerdo marque las necesarias distancias entre los que son propiamente usuarios —los que tienen concesión, administran y gestionan el recurso— y esos otros colectivos como asociaciones de consumidores, asociaciones de vecinos, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones agrarias, etc., sin capacidad de gestión alguna sobre los recursos hídricos, que estaban siendo utilizados de forma encubierta para restar participación a los primeros. A este respecto, hay que reconocer que el acuerdo fomenta la intervención de las comunidades de regantes, tanto en aguas superficiales como en subterráneas, y que destaca la importancia de la participación de los usuarios y gestores en los ámbitos de explotación y gestión. Hemos de subrayar no obstante que hay algunas divergencias de hondo calado entre los planteamientos del Gobierno andaluz y los del regadío. La principal se refiere al propio modelo de Administración hidráulica andaluza, que nos sigue sin convencer, incluso después de las reformas en el organigrama de la Agencia Andaluza del Agua acometidas tras la transferencia del Guadalquivir. Ya en su momento, dijimos que este traspaso era una oportunidad para cambiar todo lo que se había venido haciendo mal en Andalucía, la excusa perfecta que le hacía falta al Gobierno andaluz para hacer volar por los aires el disparatado modelo ensayado en las cuencas atlántica y mediterránea, modelo que estaba dinamitando el principio de unidad de cuenca, provocando ineficiencia y parálisis en la toma de decisiones y sembrando la semilla de la politización y la confrontación territorial. Pues bien, se han introducido algunas reformas en la Agencia Andaluza del Agua, con motivo del traspaso del Guadalquivir, pero esas reformas se han quedado a medio camino, sin extirpar el verdadero tumor de fondo. Así, de la dirección de la Agencia «cuelgan» ahora cuatro direcciones generales, a las que se les han atribuido las principales responsabilidades, pero que seguirán conviviendo con las famosas direcciones provinciales, al frente de las cuales se sitúan los delegados de Medio Ambiente de cada provincia. Los propios estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, a los que hemos presentado nuestras alegaciones, nos confirman que el resultado de esta reestructuración es un organismo parcialmente bicéfalo, y por tanto ineficiente, donde conviven dos estructuras en las que las competencias a veces se solapan, a veces se duplican y otras veces quedan en el limbo, lo cual puede significar un verdadero dolor de cabeza en el trato diario de los usuarios con la Administración hidráulica andaluza. Además, duplicar estructuras y costes, en un escenario económico como el que padecemos, con un sector agrícola asfixiado por las últimas campañas de restricciones, por el esfuerzo de la modernización y por la subida de los costes eléctricos, no parece ni lo más idóneo ni lo más sensato. Con todo, insisto, el Acuerdo Andaluz por el Agua es en general positivo, y hemos de valorar y agradecer especialmente la iniciativa de diálogo y la voluntad de llegar a puntos de entendimiento que ha mostrado la Administración andaluza, que, recordémoslo, en tres años ha pasado de no tener apenas competencias en materia hidráulica a tener la responsabilidad sobre el 99% del agua que se consume en Andalucía.