Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, reafirmaron ayer en Alicante que no cederán en su reivindicación del trasvase Tajo-Segura, del que dependen 107.000 empleos en ambas regiones y cultivos de regadío que generan unos ingresos anuales de 2.300 millones de euros. «Sin el agua, esta tierra está condenada a la desaparición de su actividad económica», señaló Valcárcel. Por su parte, el presidente Camps añadió que «con unas pocas gotas de agua hemos convertido esta tierra en una fábrica de prosperidad» y se mostró convencido de que no sólo se mantendrá el Tajo-Segura, sino que en el futuro se ejecutará el trasvase del Ebro. Ambos presidentes autonómicos efectuaron estas declaraciones en la Universidad de Alicante, durante la presentación de la trilogía «Políticas del agua (1985-2005)» elaborada por los catedráticos Antonio Gil Olcina y Antonio Rico. Durante su intervención, este último criticó la política hídrica del Gobierno de Zapatero que derogó primero el trasvase del Ebro, modificó luego el trazado del Júcar-Vinalopó hasta hacerlo inviable para el abastecimiento de la población y para buena parte de los regadíos, y amenaza ahora con eliminar el Tajo-Segura a través del nuevo Estatuto de autonomía de Castila-La Mancha. El agua desalada, más cara Rico destacó que las cinco desaladoras que el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha hasta ahora a través del Programa Agua sólo aportan a ambas regiones 70 hectómetros cúbicos de agua, la décima parte de lo que hubiera supuesto el trasvase del Ebro. Pero además estas instalaciones han multiplicado por cuatro el precio del agua: costará al menos 42 céntimos por metro cúbico, frente a los 9 céntimos del Tajo-Segura. Unas tarifas que sólo podrán ser asumidas por unas 8.000 hectáreas de cultivo, el 2% de los regadíos de ambas regiones, estimó. Todo ello, tras haber derogado el trasvase del Ebro que habría aportado 250 hectómetros cúbicos anuales de agua para garantizar el suministro a más de 4 millones de habitantes y otros 570 hectómetros que hubieran garantizado la pervivencia de 350.000 hectáreas de regadío, que cada año generan exportaciones por valor de 6.000 millones de euros. Por su parte, el Sindicato Central de Regantes ha convocado para el 18 de marzo una manifestación en defensa del Tajo-Segura en Murcia y no descarta celebrar otra similar en Alicante.