La presentación de la trilogía Políticas del Agua 1785-2005, un estudio científico de la historia hídrica de España realizado por los catedráticos del Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante Antonio Gil Olcina y Antonio M. Rico Amorós, acabó ayer convirtiéndose en un acto de exaltación del Plan Hidrológico Nacional derogado en 2004 y de desaprobación al Programa Agua diseñado por el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero.

El acto, que supuso el segundo encuentro en menos de un mes de los presidentes de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, y de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, sirvió a ambos para apelar a la "unidad" y reclamar tanto el mantenimiento del Tajo-Segura como la recuperación del trasvase del Ebro.

Los dos presidentes autonómicos alertaron de la "amenaza" que recoge el Estatuto de Castilla La Mancha, que propone ponerle fecha de caducidad en el año 2015, si bien, Valcárcel advirtió de que su final podría estar incluso más cerca si finalmente se aprueba un aumento de la reserva estratégica en la cabecera del Tajo -embalses de Entrepeñas y Buendía- de los 240 hectómetros cúbicos actuales hasta los 600.

Gil Olcina calificó de "disparatada" la intención de poner fin al Tajo-Segura, ya que considera que esta transferencia es "menguada pero vital", por lo que confía en que el Gobierno ponga fin a este "dislate", al tiempo que urgía a recuperar el espíritu constructivo que permitió la aprobación, por amplia mayoría, del PHN derogado en 2004.

La obra, dividida en tres volúmenes y en cuya elaboración los autores han invertido más de un año de esfuerzo, recuerda que el Tajo-Segura es una "cuestión de Estado" porque abastece a una población de 2,5 millones de habitantes, genera 890.000 puestos de trabajo y permite mantener cultivos que generan al año 2.300 millones de euros que equilibran la descompensada balanza de exportaciones e importaciones del país.

Camps afirmó que las sociedades valenciana y murciana no han entendido "nunca la arbitraria decisión" de derogar en 2004 el Plan Hidrológico Nacional (PHN), surgido fruto del pacto, y "menos todavía que alguien pretenda ahora cortar lo que está en marcha y nos da vida y nos da futuro", en referencia al agua del Tajo.

Derogación "visceral"
Previamente el catedrático Rico Amorós, que fue uno de los expertos consultados para la elaboración de aquel PHN, tampoco se anduvo con medias tintas en su intervención a la hora de calificar su derogación como "visceral".

El jefe del Consell presumió de que en los últimos cinco años no ha habido "ni una sola fisura" en la defensa de esta solidaridad hídrica por parte de las dos autonomías, y vaticinó que el trasvase del Ebro "se hará" y que el Tajo-Segura "permanecerá".

Además, reiteró que el PHN es una "gran ambición nacional" que refleja una forma de entender España de forma solidaria "sin fronteras ni murallas", y subrayó que "esta tierra tiene sed de agua".

Pese a esta escasez de recurso, Camps destacó que "con pocas gotas" la Comunitat y Murcia son una "fábrica de prosperidad" que representan "buena parte del futuro" del país.

Valcárcel manifestó su "negativa rotunda" a la derogación del Tajo-Segura o la limitación de sus volúmenes. En este sentido, lamentó que "lo que pudo ser no es, el Ebro, y lo que es pueda dejar de serlo, el Tajo", y resaltó que "merece la pena seguir peleando y reivindicando" para contar con agua. Para Valcárcel, los autores del estudio universitario dan más argumentos frente a la "sinrazón" para, "desde la razón, el rigor y la verdad", lograr mantener "algo que ya existe y da buen resultado".

Y es que los autores del libro no sólo se limitan a contar la historia hídrica de España en los tres últimos siglos, sino que en virtud de esos datos defienden la viabilidad del trasvase del Ebro, apuestan abiertamente por una nueva toma del trasvase Júcar-Vinalopó en el azud de Antella para posibilitar el consumo humano y el riego de hortalizas en fresco, y la necesidad del Tajo-Segura.

Distintas varas de medir
Gil Olcina recalcó que la palabra trasvase parece "maldita" en los últimos años a pesar de que el Gobierno central aplicó "distintas varas de medir" en cada autonomía, ya que en Andalucía sí se ha aprobado el Negratín-Almazora y la pasada primavera se proyectó otro de emergencia del Ebro a Barcelona, que finalmente no hizo falta porque las lluvias recargaron los pantanos de la cuenca catalana.

El catedrático insistió en que existen numerosos antecedentes históricos que avalan las transferencias de agua de cuencas excedentarias a deficitarias desde el siglo XVIII, y sostuvo que el derogado trasvase del Ebro, de 1.050 hectómetros cúbicos, era moderado ya que desde antiguo se había ideado el envío de hasta el triple de agua.

Por su parte, Rico Amorós recordó que el anterior PHN no sólo contaba con un excepcional consenso, sino que estaba muy trabajado desde el punto de vista técnico, muy al contrario que el documento con el que el Gobierno justificaba su derogación, que apenas contenía 27 páginas en las que, según denunció, se exaltaban los beneficios de la desalación y se exageraban los impactos negativos de los trasvases "sin ningún tipo de rigor".

En este sentido, recordó que en 2008 la Comunitat Valenciana y Murcia habrían recibido unos 700 hectómetros cúbicos del Ebro si se hubiera ejecutado el PHN y que, en cambio, las desalinizadoras del Programa AGUA sólo han facilitado 70 procedentes de cinco plantas, y a un precio "inasumible" para los agricultores.