El conflicto del agua sigue latente. Nada se ha solucionado en un año en el que se han planteado situaciones que lejos de conseguir un final feliz entre las comunidades enfrentadas por el agua, ponen sobre la mesa una serie de cuestiones que exigen más que nunca una visión global y consensuada sobre el uso y reparto de la riqueza hídrica. Narbona por Espinosa Rodríguez Zapatero con contó con Cristina narbona para su segundo Gobierno. Era evidente que tenía más enemigos dentro de su partido que en las regiones del Levante gobernadas por el PP. La ex ministra no sintonizaba con José María Barreda ni con Marcelino Iglesias ni con la vicepresidenta Fernández de la Vega, que veía demasiados frentes abiertos. Medio Ambiente quedó diluido dentro del superministerio de Elena Espinosa. Después del episodio del frustrado trasvase del Ebro a Barcelona, se produjo en junio un apagón hidráulico absoluto. Como si el problema del agua hubiera dejado de existir debido al perfil bajísimo que intencionadamente impuso el Gobierno, en contraste con la frenética actividad que desplegaba Narbona. ¿Giro trasvasista? A partir de la publicación en ABC del proyecto, sin plazo, para derivar aguas del Tajo desde Cáceres a Murcia, se interpretó que el Ejecutivo de Zapatero había dado un giro a su política de agua y que ahora se volvía trasvasista. El PSOE nunca ha dejado de ser trasvasista, aunque haya discriminado algunas opciones (el Ebro no se toca). La propuesta, en mayo, de derivar caudales del Ebro para saciar la sed de Barcelona iba a romper toda la baraja y a desmoronar los pilares de la política hidráulica socialista de los últimos cuatro años. Animó de nuevo a las regiones de Murcia y Valencia (Valcárcel y Camps) a reivindicar las aguas del Ebro, mientras que los presidentes de Aragón y Cataluña nadaban en un mar de contradicciones. Trasvase del Ebro para Cataluña, pero no para las regiones del sur, se decía. El chasco del suministro a Barcelona con barcos se sumó a una situación explosiva entre partidarios y detractores del canal, la tubería o la cañería de marras… hasta que la campana sonó en el último minuto con unas lluvias providenciales. Las claves del Tajo Medio La propuesta del trasvase del Tajo Medio, desde Valdecañas, saltó a la palestra en plena celebración de la Expo del Agua, cuya Carta de Zaragoza recogió un cúmulo de lugares comunes de escasa efectividad y compromiso. El Tajo Medio se presenta como la pieza de un puzzle que contente a las comunidades autónomas implicadas. Los presidentes Valcárcel, Fernández Vara y José María Barreda (que quiere eliminar la hipoteca de los trasvases desde la cabecera del Tajo) pueden haber encontrado una base para hablar y aspirar a una paz hidráulica. Por su parte, los regantes murcianos y alicantinos del Trasvase Tajo-Segura han advertido de que no aceptarán un cambio del «status quo» sobre el agua que tienen asignada en la cabecera. Si les llega agua desde Cáceres, vale, pero no a cambio de la que reciben desde Cuenca y Guadalajara. Y luego está el precio. Se puede pensar que conceptualmente el Tajo Medio no es otro trasvase, sino un segundo grifo más próximo a la desembocadura que sirva para completar los 600 hectómetros máximos anuales trasvasables que prevé la ley del Tajo-Segura. Oficialmente, el Ministerio dice que no hay nada planteado, mientras va dando carrete para comprobar si social y políticamente está o no maduro el proyecto. El Estatuto de Barreda-Cospedal Antes que tomar decisiones sobre el Tajo Medio hay sobre la mesa otros retos. La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha entró en el Congreso a mediados de octubre y ha puesto a los grupos parlamentarios ante el desafío de pactar unas enmiendas que den satisfacción al interés general de España sin mutilar las reivindicaciones de los castellano manchegos. Es la cuadratura del círculo porque se trata de un texto de máximos sobre el agua y la caducidad del Trasvase Tajo-Segura. Una caducidad que en el terreno práctico es inviable, a menos que se quiera dejar sin agua a 2,5 millones de residentes en el Sureste. Baja la exigencia del Ebro Por otro lado, el plan de cuenca del Segura considera que los desembalses del Tajo, hasta llegar al máximo anual de 600 hectómetros, son imprescindibles para atender las necesidades del Sureste. La colisión es inevitable y dependerá del Ministerio cómo se encaja cada plan. La defensa del Trasvase Tajo-Segura ha propiciado que el PP y PSOE murcianos hayan cerrado filas con un pacto entre Valcárcel y Pedro Saura que ha obviado las discrepancias de antaño. Los populares murcianos han bajado mucho el tono de su reivindicación del Trasvase del Ebro a la espera de que el Ministerio de Espinosa muestre sus cartas. Las mismas que le enseñó la ministra a Valcárcel cuando mantuvieron su primera reunión, de la cual salió encantado el mandatario murciano. Valcárcel ha tenido que emplearse a fondo con su compañera de partido y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, debido al pacto de ésta con Barreda contra el Trasvase, que cayó como una bomba entre los populares murcianos. Tanto Cospedal como Barreda han suavizado su discurso antitrasvasista en los últimos meses. Contencion del consumo El año ha puesto fin a uno de los tabúes que pesaban sobre la gestión del agua en la cuenca del Segura. los consumos totales de los abastecimientos (familias, empresas, industrias, turismo, ladrillo y golf) han sido en el último decenio un 8% inferiores a los que se calcularon para el primer horizonte del Plan de Cuenca del Segura. Es un hecho que en la citada cuenca existe una agonía hídrica que se ha acentuado en el último año de sequía con las aportaciones superficiales más bajas de la historia: 130 hectómetros cúbicos propios frente a unas necesidades de 2.000 hectómetros. Desaladoras Los regantes están entrando en la cesta del agua desalinizada, que sólo comprarán cuando no tengan otros recursos. El programa de desalinización superará los 300 hectómetros cúbicos en la cuenca del Segura en los dos próximos años. Hasta ahora hay 80 disponibles, con el rechazo de muchos municipios que han visto cómo la última subida de las tarifas de agua potable fue del 27%. El Gobierno ha comprometido una inversión de 1.073 millones de euros para siete desalinizadora y sus canalizaciones.