.
La modificación del decreto de protección de la malvasía cabeciblanca acabará con la indefinición del polémico artículo que prohíbe en los embalses de El Hondo aquellas actuaciones "que ocasionen un cambio brusco" en los niveles del agua entre el 1 de febrero y el 31 de agosto, coincidiendo con el periodo de nidificación de esta especie protegida. El acuerdo alcanzado entre la Conselleria de Medio Ambiente y la Comunidad de Riegos de Levante, propietaria de los embalses de riego, incluye la separación de usos ambiental y agrícola. Para ello, serán necesarias unas obras que no estarán terminadas antes de 2011 y que serán financiadas por la Administración autonómica. Los regantes recibirán una indemnización al no poder utilizar toda la capacidad de sus embalses.
El acuerdo entre las partes es total, aunque el nuevo texto del decreto está pendiente de la revisión de los servicios jurídicos de la Conselleria y los regantes siguen temiendo que puedan llegar recortes.
El portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, aseguró que los niveles del agua embalsada durante el periodo de nidificación "van a quedar totalmente definidos, porque no queremos que haya indefensión jurídica contra nadie. No queremos depender de una interpretación filosófica sino de las matemáticas". Los regantes van a mantener la gestión de los embalses.
La solución alcanzada incluye, además, la ejecución del proyecto de segregación de usos planteado hace ya siete años por la comunidad a la Generalitat. De esta forma, el de Levante y una parte del de Poniente se reservarán exclusivamente a uso ambiental.
La parte restante se utilizará para la regulación de los caudales para riego que se elevan desde el Segura. Para compensar la pérdida de capacidad de almacenamiento de agua, la mota o dique de la superficie del embalse Poniente que queda para uso agrícola se elevará tres metros.
La intervención requiere de la correspondiente declaración de impacto ambiental. En opinión de Urbina, la obra no estará finalizada antes de 2011. La actuación será financiada por la Administración autonómica.
La segregación de usos se plantea como la fórmula definitiva para hacerlos compatibles dentro del parque natural. Urbina añadió que, hasta ese momento, se pasará por un periodo de transición que se regirá por las fórmulas contempladas en el decreto.
Urbina apuntó que la pérdida de capacidad de almacenamiento y regulación de caudales del riego se hace en favor del interés general "y el que gestiona el interés general tendrá que pagar al particular y nos tendrá que indemnizar", aunque el portavoz de la comunidad de regantes aseguró que la cuantía se negociará en un futuro.
"En las negociaciones que hemos tenido no hemos hablado de dinero, sino de un decreto perverso. Ahora, hemos visto el decreto y luego veremos otras cosas", manifestó.
Por otra parte, una comisión de la Comisión de la Sequía de la Cuenca del Segura, de la que forma parte el presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, se entrevistará hoy en Valencia con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para exponerle la preocupación de los regantes por el futuro del Trasvase Tajo-Segura.