La dependencia de los recursos subterráneos es la más alta de Andalucía a pesar de que su aprovechamiento no puede exceder de un tercio del total por las dificultades de explotación. La demanda urbana duplica a la andaluza y la nacional, aumentada por los campos de golf.

Es muy frecuente recurrir a la información de llenado de los embalses para hacer una estimación de cuánta agua hay disponible en la provincia de Málaga para atender el suministro general, compuesto por el abastecimiento humano, el regadío, los caudales ecológicos y el mantenimiento de campos de golf -este último concepto, de gran trascendencia en la Costa del Sol-. Pero a menudo se olvida la importancia que los acuíferos tienen en esta ecuación, y es mucha: garantizan el 45%, es decir, casi la mitad, del agua que se usa y consume a lo largo de un año. Se trata del porcentaje más alto de Andalucía y contrasta sobremanera con los datos de la vecina cuenca del Guadalquivir, que es del 15%.
Los 27 acuíferos que hay en la provincia de Málaga, de los que 20 son carbonatados -rocas cálcicas- y el resto, detríticos -en cuencas de ríos o desembocaduras al mar-, reciben cada año, de media, unos 660 hectómetros cúbicos de aportaciones hídricas, pero la evaporación y el aprovechamiento, que se queda en un tercio del total por las dificultades técnicas de bombeo y extracción, hacen que sólo se usen unos 190 hectómetros cúbicos. Estos, sumados a los 330 hectómetros obtenidos de recursos superficiales -ríos y presas-, sitúa el aprovechamiento total en 520.
Sin embargo, existe un déficit estructural en la provincia, según datos de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA), de unos 200 hectómetros cúbicos. Para hacerse una idea de lo que significa esta cantidad basta un apunte: Málaga capital consume 60 hectómetros cúbicos a lo largo de todo un año. Este déficit es el resultado de comparar el aprovechamiento total de los recursos superficiales y subterráneos, los citados 520 hectómetros cúbicos, con las demandas reales, que ascienden a 720, divididos en 240 para abastecimiento, 110 para caudales ecológicos, 350 para regadíos y 20 para el mantenimiento de campos de golf. Si a esta circunstancia se une la situación de sequía crónica que sufre la provincia, no es difícil entender el motivo del progresivo vaciamiento de los embalses y presas.

El doble. Precisamente la presencia de los campos de golf de la provincia incrementa bastante la demanda urbana con respecto a la total, que es de un 36%, mientras que en España y Andalucía se sitúa entre el 17% y el 18%. Los múltiples núcleos poblacionales que hay en la franja litoral, la aportación del turismo y el hecho de que la Costa del Sol sea uno de los principales destinos de golf del mundo dispara este porcentaje hasta duplicar la media regional y nacional. He aquí otro de los motivos que pueden explicar la precaria situación hídrica, que se apoya también en otros conceptos como el déficit de infraestructuras.
Otro de los factores que prueba la penosa realidad de la provincia en relación a su capacidad de suministro y abastecimiento es el recurso medio renovable por habitante y año, es decir, el agua que aportan los ríos y la recarga de los acuíferos dividida por el número de habitantes que la utilizan. El cálculo provincia arroja una cifra de 666 metros cúbicos, mientras que en el conjunto de Andalucía es el doble (1.300) y en el total nacional, el cuádruple (2.500). En Europa hablamos de 3.300.
Según Juan Manuel Calvo, comisario de Aguas de la CMA, estos datos indican que es "necesario incrementar la aportación de recursos por métodos no convencionales", ya que la aportación natural es un tercio de la media española y cuatro veces menor que la europea. Los métodos no convencionales son las obras de infraestructura, que no son suficientes para afrontar el previsto cambio climático -periodos secos más largos con lluvias torrenciales- y, sobre todo, el incremento de la población de la provincia, cifrado en un 35% de aquí a los próximos 20 años.
Hay que tener en cuenta que la CMA, heredera de la Confederación Hidrográfica del Sur, fundada en 1960, es la última que se creó en España, circunstancia que contribuye también a que arrastre un retraso en la construcción de obras de infraestructura que ayuden a mejorar el abastecimiento: "Aquí, donde la pluviometría es menor que en el resto de España y más irregular, necesitamos desarrollar mucho las infraestructuras para alcanzar niveles comparables de disponibilidad del agua", asegura Calvo.
La explotación de los acuíferos es alta en comparación con otras zonas y los movimientos ecologistas denuncian que están "sobreexplotados", aunque es difícil saber hasta qué punto por la práctica imposibilidad de medir la capacidad total de cada uno.