EL Acuerdo Andaluz por el Agua presentado esta semana en la provincia de Cádiz es fruto del nuevo Estatuto de Andalucía que ha marcado un hito al garantizar al Gobierno Autónomo la asunción de las competencias de los recursos hídricos. El próximo día 1 de enero, la Junta asumirá las competencias del Guadalquivir, el río que identifica de manera más clara a Andalucía y que desemboca en nuestra provincia, en el término de Sanlúcar de Barrameda.

El nuevo marco normativo derivado de la culminación del proceso de transferencias hace necesario e imprescindible este Acuerdo Andaluz por el Agua. No estamos, por tanto, ante un brindis al sol, sino ante la necesidad de establecer una política de agua basada en el consenso político y social, como así se aprobó el pasado mes de mayo en una Resolución del Parlamento de Andalucía impulsada por el grupo socialista.

El pacto requiere además de una participación decidida y activa, la búsqueda del consenso entre los partidos políticos, usuarios, agentes económicos y sociales, consumidores, vecinos, colectivos ecologistas y todas aquellas entidades relacionadas con la planificación hidrológica. Todos estamos llamados a estar a la altura de un reto vital para nuestro desarrollo social y económico.

Cualquier política razonable del agua debe centrarse en la gestión de la demanda. Debemos apostar claramente por medir los consumos, ajustar los precios, sancionar el despilfarro, favorecer el ahorro y la eficiencia y mejorar las infraestructuras para reducir pérdidas.

En la provincia de Cádiz, las actuaciones prioritarias, algunas de ellas ya en marcha, son terminar las depuradoras pendientes, la modernización de los grandes sistemas de abastecimiento (Zona Gaditana, Campo de Gibraltar y Sierra) con la consolidación de la gestión consorciada, la modernización de los regadíos (Guadalete, Guadiaro y Barbate) y el control de los acuíferos subterráneos.

Las lluvias de principios de otoño no han acabado con los bajos niveles de los embalses de nuestra provincia, por lo que no podemos bajar la guardia y debemos seguir concienciando a los ciudadanos de que estamos ante un recurso escaso que no se puede despilfarrar. El abastecimiento de la provincia está garantizado gracias a una red de embalses construidos durante los Gobiernos de Felipe González que multiplicaron por diez la capacidad de almacenaje, con Guadalcacín II, Zahara, Barbate, Charco Redondo y el trasvase Guadiario-Majaceite. Aunque ya ha pasado la época de los grandes embalses, hay que apostar por la recarga de los acuíferos y la gestión correcta de pequeñas presas para atender las necesidades ganaderas, ambientales, turísticas y recreativas.

El Pacto Andaluz por el Agua establece para los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes la obligación de redactar planes de emergencia ante situaciones de sequía. Desde la Junta de Andalucía así como desde la Diputación de Cádiz, ofreceremos asesoramiento técnico a todos aquellos municipios o mancomunidades que lo soliciten.

El Pacto por el Agua debe impulsar una nueva cultura del agua en la que prevalezca el ahorro y la reutilización. La Diputación Provincial, que coopera con los Ayuntamientos, preferentemente los que tienen una población inferior a 20.000 habitantes, realiza importantes esfuerzos económicos para la creación o mejora de estaciones depuradoras de aguas residuales. Prueba de ello es que en los Presupuestos de 2009 vamos a invertir cerca de 450.000 euros en dos proyectos para la mejora del funcionamiento de las EDAR de la Sierra Norte y Sierra Sur (gracias al programa 'Cádiz 2012 Compite'). Debemos seguir avanzando en esta línea con la ayuda de los Ayuntamientos para llevar a cabo proyectos de reutilización del agua tratada, un recurso aún infrautilizado cuyo uso debe ir poco a poco extendiéndose a través del impulso público y el imperativo legal.

El Acuerdo servirá como guía a la futura Ley de Gestión Integral del Agua y considera imprescindible contar con la implicación de las Diputaciones como interlocutores en el caso de los ayuntamientos pequeños y medianos a la hora de abordar cuestiones no sólo en materia de infraestructuras, sino principalmente para la explotación de las instalaciones y gestión del sistema. La institución provincial que presido va a cumplir este papel que tenemos encomendado, así como los compromisos de mejora que adquiramos con los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios.

Estamos iniciando un camino que debemos recorrer con el consenso como única meta, evitando cualquier tentación de un debate partidista. La búsqueda del consenso es un reto y una obligación para todos. Pongámonos a ello con lealtad y altura de miras.