La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Agencia Andaluza del Agua, ha iniciado una gira de presentación provincial del documento 'Bases para el Acuerdo Andaluz por el Agua', el cual se constituye como borrador del "gran pacto" andaluz que el Gobierno autonómico pretende impulsar en materia de aguas como antesala de la futura Ley del Agua en Andalucía.

Según datos de la Agencia Andaluza del Agua consultados por Europa Press, la presentación del borrador en las distintas provincias andaluzas se articulará en torno a una serie de jornadas de información y participación que se inauguran hoy en el Palacio de Congresos de Granada y que pretenden recabar el máximo consenso posible en torno a este texto, que se presentará el en Consejo de Gobierno el próximo diciembre.

Así, este documento, que surge, a su vez, del debate establecido entre la Agencia y los agentes económicos y sociales implicados en la gestión de los recursos hídricos en la comunidad, será expuesto en 7 de noviembre en Jaén, el 10 de noviembre en Cádiz, el 11 de noviembre en Sevilla, el 12 de noviembre en Córdoba, el 13 de noviembre en Almería, el 14 de noviembre en Málaga y el 17 de noviembre en Huelva.

El Acuerdo Andaluz por el Agua se perfila como un nuevo marco de gestión de los recursos hídricos de la región a raíz de la asunción comunitaria de las competencias sobre el río Guadalquivir, el cual pretende establecer un régimen económico y financiero equitativo sobre el agua y favorecer todos los usos del agua tengan la garantía adecuada, avanzando en la gestión sostenible y comprometida con las generaciones futuras.

Este pretendido "gran pacto" por el agua hace hincapié en el principio de coordinación entre las distintas administraciones y las consejerías de la Junta de Andalucía, lo que requiere una "redefinición de competencias" en la que las Diputaciones Provinciales adquieren un papel significativo.

Así, el texto recoge que, especialmente en el caso de los municipios pequeños y medianos, es "imprescindible" contar con la implicación de las Diputaciones Provinciales como interlocutores, "no sólo para abordar las cuestiones pendientes en materia de infraestructuras, sino primordialmente para la explotación de las instalaciones y gestión del sistema".