Será un mal momento para invertir en el ladrillo, pero es estupendo para amasar una fortuna en la minería del cobre, con la ayuda inestimable de subvenciones que no habrá que devolver aunque uno se haga de oro. El ejemplo de libro se encuentra en un antiguo campo de cereales a caballo entre los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, a veinte minutos de la capital y a diez kilómetros de la antigua mina de Aznalcóllar, donde la rotura de su balsa de residuos causó hace diez años la mayor catástrofe ambiental de Andalucía.
Desde la vieja carretera entre Santiponce y Gerena se divisa el colosal mordisco en la tierra de Las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de Europa. Al pie de la carretera, los obreros dan los últimos toques a la planta de tratamiento hidrometalúrgico donde durante los 15 años previstos de explotación se transformarán unas reservas de 17,6 millones de toneladas de mineral cuprífero en algo más de un millón de toneladas de cátodos de cobre (el 25% de la demanda nacional), que se usa para fabricar cables eléctricos. Una materia prima imprescindible.
Es aquí donde los inversores de Cobre Las Cruces, propiedad al 70% de la multinacional canadiense Inmet Mining Corporation y al 30% del estadounidense Grupo Leucadia (antes MKGold), esperan materializar el negocio de sus vidas: si se mantienen los precios actuales del cobre (ligeramente a la baja) en el Mercado de Metales de Londres a 5.401 dólares por tonelada (4.028 euros), el millón de toneladas que saldrá de Las Cruces generará un ingreso bruto de más de 4.000 millones de euros, es decir, más de ocho veces los 488 millones de euros ya invertidos.
Descontando el coste de producción, que en Europa se sitúa en torno a los 1.500 euros por tonelada según recuerdan los ecologistas, el beneficio real podría sumar en 15 años alrededor de 2.500 millones de euros: un fabuloso 500% de rentabilidad. Con razón el consejero delegado de Inmet Mining, Richard Ross, anunció en 2006 que en sólo dos años amortizarían la inversión si se mantenía el cobre alto, como recoge el capítulo que Ecologistas en Acción dedica a Las Cruces dentro de su informe Crónica de una catástrofe anunciada. El desastre de las minas de Aznalcóllar: diez años después.
Acabamos de mentar al enemigo nª 1 de la empresa. Porque ya estaría produciendo (conforme a su plan de iniciar la actividad en septiembre) si no fuera porque, en buena medida gracias a los ecologistas, los problemas medioambientales han parado de momento el negocio en ciernes.
La clave de esa parálisis está en el agua, convertida en el peor obstáculo de la empresa para explotar al yacimiento. Porque entre el mineral de cobre y los mineros se interpone el acuífero que se extiende entre el municipio onubense de Niebla y el cordobés de Posadas y que pasa justo por encima de la veta. Con el objetivo de acceder al mineral, la compañía ideó un complejo sistema para drenar el agua y reinyectarla en otra parte del acuífero. Pero Ecologistas en Acción, que había alertado de que ese sistema nunca probado hasta ahora entrañaba un riesgo alto de contaminación del agua en el proceso de drenaje y que se ha elegido sólo para ahorrar costes (una mina subterránea es más segura para el medio ambiente pero también más cara que una a cielo abierto), acudió el pasado mayo a la Fiscalía. Y su denuncia hizo que en septiembre la fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Sevilla se querellase contra la cúpula de Cobre Las Cruces (encabezada por su director, el canadiense François Fleury) por posibles delitos medioambientales, responsabilizándolos de haber detraído 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas (una reserva de la empresa pública Emasesa para caso de sequía), vertido metales pesados como arsénico y realizado 20 perforaciones no autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
La CHG y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (que financia el proyecto) ordenaron en mayo suspender los trabajos en la corta minera y en el sistema de drenaje y ahora evalúan el «Plan Global de garantías adicionales» que la empresa ha presentado para corregir las deficiencias, asegurar la protección «total» del acuífero y garantizar que, en caso de contaminación, el agua extraída se depure en una nueva planta mediante ósmosis inversa antes de reinyectarla al subsuelo. La empresa marca distancias con el espantoso recuerdo que dejó la sueca Boliden en Aznalcóllar y alega que cumple todas las exigencias medioambientales de las autoridades.
La compañía, en su boletín de septiembre, dice que ese plan, con el que confían obtener el levantamiento de la suspensión y retomar la actividad, le costará 10 millones de euros más aparte de los 488 ya gastados, y se queja de que aún no ha obtenido ningún ingreso: «Las pérdidas son muy importantes para los accionistas inversores, que ven en riesgo la viabilidad del proyecto hasta que se resuelva toda la situación actual». Estos 10 millones extras suponen en realidad una fracción insignificante de los eventuales 2.500 millones de euros de beneficio futuro, lo mismo que los 40 millones previstos para la clausura de la mina y la restauración de su entorno cuando se agote el yacimiento dentro de 15 años.
La empresa, los tres alcaldes (del PSOE), la inmensa mayoría de los vecinos y la Junta defienden el beneficio de la mina, haciendo hincapié en sus 200 puestos de trabajo directos y los alrededor de mil eventuales que ha generado su construcción.
Pero el informe ecologista tacha de «demagógico» el argumento de los puestos de trabajo y señala un dato llamativo: que con los «53 millones de euros» recibidos por la empresa en subvenciones se pueden costear los sueldos de todos los obreros fijos durante la vida útil de la mina. Con la ventaja para los dueños de que «obtendrán beneficios millonarios explotando un recurso minero público gracias a una concesión pública, y sin embargo no devolverán ni un euro de las subvenciones públicas recibidas». Ecologistas teme además que, en caso de desastre como en Aznalcóllar, sean los ciudadanos a través del Estado quienes tengan encima que asumir gran parte de los daños. «Los gastos se socializan, los beneficios se privatizan», resume.
La asociación denunció el jueves que el nuevo sistema de depuración de Las Cruces «incluye dos balsas de aguas ácidas conectadas directamente con el arroyo Garnacha». No es posible contrastar de forma independiente las denuncias ecologistas porque la empresa no da permisos ahora para entrar en el recinto.
Pero en la puerta hay dos vallas de la Junta que anuncian al menos el montante de las ayudas a Cobre Las Cruces S.A: 158.112.000 euros (expediente SE-048-270400) y 263.876.859 euros. Cofinancian: Consejería de Innovación y fondos Feder de la Unión Europea.
La compañía está lista para empezar a producir en cuanto la Junta se lo autorice. Cuando eso ocurra, seguirá así los pasos de la mina subterránea de Aguas Teñidas, en el término onubense de Almonaster la Real, la primera en retomar este año la producción de cobre tras la crisis que cerró todas las explotaciones de la Faja Pírita Ibérica hace menos de una década. Y comenzará al fin a ganar dinero, mucho dinero. Ya que no tendrá que devolver las subvenciones, los ecologistas piden al menos a las autoridades «que no antepongan a la salud pública los intereses de una multinacional».
APOYO
-En Gerena, apoyo (casi) total
En las calles de Gerena (6.000 habitantes) las preguntas, las dudas, las críticas de los ecologistas no inciden apenas en oídos 'impermeabilizados' por el beneficio diario y concreto de la construcción de la mina. Las filtraciones de arsénico denunciadas por la Fiscalía son invisibles, pero el dinero que corre por estas casas sí es contante y sonante. Aquí se han llegado a cobrar 600 euros al mes, 20 euros al día, por una simple habitación para alojar a los trabajadores de fuera ocupados en la construcción (portugueses, rusos, chilenos), y hay muchos vecinos contratados en la empresa o en una subcontrata.
Los únicos «tres o cuatro» jóvenes del pueblo que intentaron protestar pidiendo el cierre de la mina «a cal y canto» renunciaron al ver su aplastante minoría, recuerda su amigo Manuel Rodríguez, de 29 años, que trabaja de jardinero en el Ayuntamiento pero esta tarde atiende en sustitución de su padre la barra del Hogar del Jubilado. El apoya la mina. ¿Cómo no hacerlo, dice, si ve que sus amigos que no tenían trabajo se han colocado y el pueblo vive una prosperidad inédita? «Esto es vida para un pueblo que estaba prácticamente muerto. Yo confío en los técnicos de la Junta, y si dicen que no hay peligro, no debe haberlo». Eso sí, critica que la empresa descuida los trabajos para reducir el impacto paisajístico de la mina. «La mitad de los árboles que plantaron están secos».
Su amigo Angel Luis Romero también apoya con reservas la mina.Está terminando de estudiar Filología Hispánica y no tiene intención de trabajar en el sector que ha sustentado a su familia desde que nació. Porque su padre, Luis, trabajó en las minas de Riotinto y se jubiló en la de Aznalcóllar. Dice que su padre está contento de que abran la mina de Gerena. El hijo reconoce que es una gran «inyección económica», pero advierte del riesgo de que, como ocurrió en Aznalcóllar, la población «viva dependiente de la mina» sin pensar que tendrá un final a corto plazo.
Para la época en que se agote, alrededor de 2023, es muy probable que los dueños de Cobre Las Cruces continúen su negocio con una nueva explotación vecina a ésta. La Junta acaba de abrir el proceso informativo sobre su solicitud y, aunque aún no ha resuelto, sería rarísimo que no se lo aprobara.