El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a aportar 306.590.000 euros para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en las Islas Canarias, al amparo de un convenio de colaboración con la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias.
Con este nuevo convenio se sustituye el que fue firmado en 1997 y que, aunque contemplaba una inversión de 456,77 millones de euros, ha permitido una inversión en Canarias, por parte del Gobierno de España, que asciende, a día de hoy, de 597,76 millones de euros.
Las actuaciones que se contemplan en el nuevo convenio han sido declaradas de interés general, y están, en su mayoría incluidas en el Plan Hidrológico Nacional. Las no incluidas se consideran de interés general al amparo de la Ley de Aguas.
Las obras objeto se podrán desarrollar tanto mediante ejecución directa por parte del Ministerio como mediante mecanismos de colaboración económica entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Consejería de Obras Publicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Una vez finalizadas las obras, la Comunidad Autónoma de Canarias será responsable de la explotación, mantenimiento y conservación de las mismas, con asunción de sus costes, así como de los gastos de reposición de bienes y equipos, y de las correspondientes responsabilidades. La Comunidad podrá decidir la cesión de uso de las infraestructuras a las entidades locales.
Mediante el convenio que será firmado, el Ministerio llevará a cabo las actividades de carácter material, técnico y de servicios relativas a las obras, mientras que la Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a la elaboración de los estudios previos, anteproyectos y proyectos de obras, además de asegurar la disponibilidad previa de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.
Por otro lado, el Ministerio deberá verificar el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad de presas y embalses. Será el Gobierno de Canarias quién lleve a cabo la realización de los trámites necesarios para la constitución del expediente sobre la evaluación del impacto ambiental por causa de la ejecución de las obras.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General del Agua, nombrará un coordinador, al que la dirección facultativa deberá mantener permanentemente informado de las incidencias, tanto técnicas, como administrativas y económicas de las obras. También corresponde al Ministerio la verificación de la idoneidad de los proyectos, así como el seguimiento e inspección general de su ejecución.
En este contexto, la Consejería llevará a cabo la elaboración, actualización, supervisión y aprobación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, Anteproyectos o Proyectos, los cuales incluirán la relación de bienes y derechos afectados por causa de ejecución de las obras, a fin de que sirvan de base para la licitación de los contratos administrativos. Además, actuará como órgano ambiental en el proceso de evaluación del impacto ambiental por causa de la ejecución de las obras.