'La privatización del Canal supondría un cambio de titularidad que debería ser aprobada por la Administración central'. Es una de las conclusiones de un informe jurídico que ha solicitado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que vela por la gestión del agua en el cauce de este río, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, sobre cómo puede afectar la entrada de capital privado en la empresa pública.
Esta tarde está prevista la comparecencia en la Asamblea de Madrid del presidente del Canal, el también vicepresidente regional, Ignacio González, para explicar la privatización de la compañía del agua, a petición del grupo socialista.
El anuncio de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de que creará una ley que transforme el Canal en sociedad anónima, para luego sacar a Bolsa el 49% de las participaciones, no se hará efectivo hasta dentro de al menos un año, pero ya ha suscitado la preocupación de las instituciones que tratan con esta empresa. La Confederación Hidrográfica del Tajo es la que, en nombre del Estado, gestiona el ciclo del agua en el cauce del Tajo, que abastece a la región. Y el Canal de Isabel II recibe de ella una concesión gratuita para llevar el agua a los madrileños. La entrada de capital privado, argumenta el documento, supondría que la concesión administrativa hecha 'a favor de un ente público' conllevaría 'un cambio de titularidad' en el caso de privatización del Canal de Isabel II. 'Debería ser aprobado por la Administración central', concluye este informe.
Este nuevo escollo en la medida estrella anunciada por Aguirre en el debate del estado de la región se une al boicoteo de los 34 alcaldes socialistas, que anunciaron que romperían los convenios por los que ceden los servicios de abastecimiento y saneamiento, de titularidad municipal. También se sumó el Ayuntamiento de Madrid. 'Esta revocación supone una disminución muy importante del patrimonio del Canal', reconoce el documento, que subraya las 'dificultades jurídicas' y la necesidad de alcanzar 'acuerdos políticos' que se le presentan al proyecto del Gobierno regional.
El informe jurídico de la Confederación reconoce que hasta que la ley no esté en vigor 'no es posible pronunciarse sobre la afección a las competencias estatales en materia de agua', pero sí deja claro que los embalses y otras infraestructuras que utiliza el Canal 'son de dominio público' y, por tanto, su propiedad no puede ser privatizada.
Recuerda que los embalses fueron construidos por la Administración central y luego transferidos a la Comunidad. 'Este dominio público no puede quedar legalmente en manos de ningún interés privado', recalca el informe. Lo mismo reconoce para las obras que se hicieron dentro del Plan Hidrológico 'que son titularidad de la Administración central que ha cedido su uso al Canal como ente público, pero no como empresa privada'.
Y concluye: 'La disminución patrimonial que podría producirse sin los ayuntamientos y la Administración General del Estado podría hacer la operación inviable'.