El Colegio de Ingenieros de Caminos (CIC) ha denunciado el peligro de desintegración de una política hídrica global en España. Según explican los técnicos, que ponen el acento en los planes de la Junta de Andalucía de apoderarse del Guadalquivir, «ante las medidas adoptadas por algunas Comunidades, sobre la adecuación de las cuencas hidrográficas, el CIC se ve, una vez más, en la imperiosa obligación de denunciar la perversidad de estas actuaciones, que no pueden más que acarrear serios perjuicios al ubicar la gestión de las cuencas hidrográficas en el seno de las comunidades autónomas por las que atraviesan nuestros ríos».
Cesión a las provincias
No se trata de un caso puntual, explica el presidente del CIC, Edelmiro Rua, «ya que los diferentes estatutos de autonomía siguen caminos similares; todos intentan apropiarse del agua que pasa por su territorio». Sin embargo, el caso andaluz, explica Rua, tiene una singularidad: «Va más allá, porque habla de trocear el río provincialmente». Se trata de una concesión administrativa de control del cauce, «lo que pasa es que si una provincia hace una concesión de uso también afecta al resto», explican en el CIC, que concluyen denunciando que «el cauce de un río que atraviesa un pueblo, una provincia, una región o una Comunidad Autónoma no puede ser nunca, por razones técnicas o naturales, propiedad exclusiva de ninguna de estas corporaciones, ya que el curso natural de las aguas les viene de otro territorio y va con destino al siguiente».
¿Cuál es la situación actual en la gestión de las cuencas hidrográficas? Todos las autonomías envueltas en la guerra del agua se han lanzado a una carrera por asegurarse el control de los recursos hídricos que pasan por su territorio. Castilla La-Mancha, Valencia, Murcia, Cataluña, Aragón, Extremadura, Andalucía y Castilla y León han desatado una batalla legal que, en muchos casos, acabará en los tribunales. Ya hay recursos de inconstitucionalidad cruzados entre Extremadura, Andalucía y Castilla y León. Los conflictos entre Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha por el trasvase del Tajo son constantes. Cada nueva concesión que hace el Gobierno termina en una batalla jurídica. El Ebro, por su parte, se ha convertido en un foco de votos que ha dejado el problema hídrico oculto tras el vaivén político.
Los planes intercuencas
Entre todo este embrollo será el Gobierno el que en 2009 tenga que hacer públicos los nuevos planes de cuencas. La regulación de cada río desatará una tormenta política que salpicará a los dos grandes partidos. PSOE y PP tienen frentes internos con los que hacer un difícil equilibrio político. No se salva ninguno, pero la iniciativa corresponde al Gobierno, por lo que los populares se podrán escudar en que la decisión final fue de los socialistas. Mientras, Medio Ambiente ha repetido que mantendrá la unidad de cuenca. Lo ha hecho tantas veces como se han aprobado en el Palamento estatutos que lo niegan.