Un grupo de senadores chilenos formalizaron hoy la presentación de un reforma constitucional para nacionalizar el agua en el país.
La propuesta de los senadores cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, políticas, ambientalistas y religiosas que pondrán en marcha un movimiento ciudadano para apoyar la petición de reforma constitucional.
"Chile es el único país del mundo donde los derechos del agua son propiedad privada", denunció el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Guido Girardi, quien recordó que la empresa española Endesa controla el 90 por ciento del agua dulce de Chile.
La Constitución de Chile, elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), estableció la privatización de los recursos hídricos en el país, condición reafirmada en el Código de Aguas.
Según cifras de la Dirección General de Aguas, en Chile existen más de 25.000 derechos de agua, la mayoría de los cuales se concentran en una decena de empresas privadas.
"El agua es el recurso más escaso del planeta y el más valioso", destacó el senador Girardi, quien aseguró que "las grandes migraciones del futuro se producirán por el agua" y agregó que "no puede ser que Endesa sea dueña de la mayor riqueza del planeta".
"Queremos representar a muchos chilenos y chilenas que sabemos que se sienten absolutamente identificados e indignados por la situación que vive nuestro país y que quieren recuperar la soberanía para Chile", agregó Girardi.
El obispo de Aysén, Luis Infanti de la Mora, dijo que "la fuente de los conflictos no es la ciudadanía sino una ley", que tildó de "antiética e inmoral".
Infanti, prelado de una región rica en recursos hídricos situada a unos 1.800 kilómetros al sur de Santiago, es una de las figuras más emblemáticas en la campaña por la nacionalización del agua.
A finales de agosto, Infanti escribió una carta pastoral sobre el agua y el medio ambiente titulada "Danos hoy el agua de cada día", que se ha convertido en una referencia de este movimiento.
"Es un deber ético invitar a toda la bancada parlamentaria y organizaciones para dar un nuevo enfoque a una ley tan perjudicial", añadió el obispo de Aysen.