Cantabria no corre riesgo de desertificación al ser una de las comunidades autónomas clasificadas como zonas húmedas o subhúmedas húmedas en el mapa de riesgo de desertificación del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), aprobado el 8 de agosto en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).
Según el mapa de riesgo, recogido por Europa Press las zonas húmedas o subhúmedas húmedas, que se concentran en todo el norte peninsular, y comprenden 12.773.820 hectáreas, el 25,24 por ciento del total nacional, frente a las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas --con riesgo muy alto, alto, medio y bajo--, que suman 37.476.605 hectáreas, el 74,09 por ciento de la superficie del territorio.
La determinación de las áreas con riesgo de desertificación tiene como objetivo definir los espacios tanto físicos como socioeconómicos sobre los que debe desarrollarse la política de lucha contra la desertificación en España. Para ello, se han utilizado indicadores de tipo físico y biológico.
El modelo aplicado está basado en la caracterización de la superficie en función de la intensidad en que se presentan determinados factores y procesos de desertificación: la aridez, la erosión --representada por las pérdidas de suelo--, incendios, --utilizando como indicador el porcentaje de superficie acumulada recorrida por el fuego durante 10 años--, y el uso no sostenible de los recursos hídricos, referido a la existencia de problemas de sobreexplotación de acuíferos.
El objetivo fundamental del Programa de Acción Nacional es contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas afectadas y, en particular, la prevención de la degradación de las tierras y la recuperación de tierras desertificadas, determinando cuáles son los factores que contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra ella, así como mitigar los efectos de la sequía.
La elaboración y desarrollo del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) constituye la principal obligación contraída por España como firmante de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD).
A la Dirección General para la Biodiversidad le corresponde la elaboración del PAND, en colaboración con los ministerios implicados y las comunidades autónomas, y con la participación activa de los colectivos representantes de la sociedad.
La CLD establece como características de los PAND, además de su carácter participativo, la flexibilidad para adaptarse a situaciones cambiantes y la dedicación de atención especial a la prevención de la desertificación.