En enero de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino avanzaba un diagnóstico de la situación del territorio valenciano en el marco del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND).
Según el avance ofrecido entonces, en la Comunitat Valenciana habría 126.623 hectáreas de territorio afectadas por un riesgo de desertificación "muy alto" -especialmente en Alicante- mientras que otras 457.496 hectáreas estarían dentro del rango de "riesgo alto" y 698.100 hectáreas más sufrían un riesgo "medio".
Apenas ocho meses después, el documento definitivo del PAND eleva a 133.076 hectáreas la superficie con riesgo "muy alto", lo que representa un incremento del 5% respecto a la cifra ofrecida en enero.
Se trata, sin embargo, de un incremento inferior al que experimentan los datos referidos a otras Comunidades Autónomas e incluso al del conjunto del territorio español, que refleja la gravedad de la situación-riesgo "muy alto"- en 1.029.517 hectáreas, un 11% más
Si se toma como referente la superficie afectada por "riesgo alto", la diferencia entre la evaluación inicial y la presentada ahora es todavía más significativa: las 526.031 hectáreas incluidas en el Programa suponen un 15% más que las consideradas hace apenas unos meses.
Fracaso
La última evaluación ha incorporado algunos cambios metodológicos que justificarían, según fuentes del ministerio, algún "baile" de cifras. Sin embargo, ha sido el incremento del nivel de detalle con el que se ha prospectado el terreno el que ha permitido descubrir que el problema es mucho más grave e intenso de lo que se creía y también revela el fracaso de las políticas desarrolladas hasta ahora.
Cabe destacar que en el diagnóstico sobre el "complejo" fenómeno de la desertificación se han considerado y analizado los principales factores naturales: la aridez, la sequía, la erosión, los incendios forestales y el uso "no sostenible" de los recursos hídricos (La Mancha, junto al "sureste" español están incluidos entre los territorios con mayor grado de desertificación debido en parte a ese uso "insostenible"), aunque también han comenzado a considerarse otros factores "socioeconómicos" .
En este sentido, el programa considera que el fenómeno simultáneo de "litoralización"- por desplazamiento de la población y la actividad económica a las zonas costeras- y el de la despoblación del interior, han jugado un papel esencial en el proceso actual de desertización y puede ser un factor que agrave sus efectos en los próximos años .
Un plan sin apenas presupuesto
La ordenación y restauración hidrológico forestal de las cencas fluviales es presentada en el documento como un "instrumento primordial para la gestión integral de recursos y el control de la desertificación".
Pese a este reconocimiento, no hay dotaciones económicas extraordinarias fijadas para el ámbito de la restauración-tan solo una "estimación" de 1.238 millones para el periodo 2008-2010- ni avances específicos para la "ordenación".
La falta de compromisos firmes de inversión ha provocado las primeras críticas al Programa.