The water urbanism and shortage for irrigation harass to Doñana
Mon, 30/06/2008
El borrador del documento base del II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana se ha marcado dos objetivos principales. El primero hace referencia a la reestructuración del sistema hídrico natural y sus usos ante los desequilibrios actuales. Pero también hace referencia a una de las controversias históricas del entorno de la reserva: la movilidad de la población y la presión urbanística.
Y lo hace con propuestas arriesgadas al proponer la conexión por vía marítima entre Sanlúcar de Barrameda y Matalascañas, además de apostar por un utópico servicio ferroviario de cercanías, una medida ya puesta sobre la mesa hace más de una década cuando se creó la denominada comisión internacional de expertos sobre Doñana que trataba de calmar los ánimos tras estallar la polémica por la fiebre constructora en los terrenos de Dunas de Almonte y los pagos aledaños llamados del Asperillo.
Viejas recetas que siguen sin ejecutarse cuando la presión urbanística procedente de Sevilla ha obligado a ampliar carreteras, hacer desdobles y ha extendido la merienda urbanística hasta más allá de Chucena. Tal es el asedio del ladrillo sobre el ecosistema de Doñana que ya se habla de traer un carril más de la A-49 hasta La Palma del Condado.
El controvertido documento, que se encuentra ya en los despachos de la Consejería de Medio Ambiente, aunque olvidado y ralentizado a juicio de las organizaciones ecologistas, propone la recuperación de los ecosistemas, el refuerzo de las estructuras territoriales, la mejora de los equipamientos productivos e integración territorial, el reforzamiento de las capacidades de adaptación global y local de la población y las empresas, la mejora de la cohesión social y el refuerzo de los valores positivos y naturales de la imagen de Doñana. Tanto que algunos miembros de Consejo de participación de Doñana creen que no se llegará ni a ejecutar.
Los riesgos de Doñana ligados al desarrollo se sitúan, al margen del urbanismo, en los regadíos. Por eso el Plan de Desarrollo Sostenible considera crucial la reordenación de las zonas regables de la franja fresera, el fomento de control de riegos, una red de recogida de residuos agrícolas cada vez más visibles y la creación de un centro tecnológico de agricultura sostenible.
Tal es el problema endémico que sufre el acuífero 27 que el Plan deja claro el apoyo a iniciativas, ambientalmente viables, de reducción de la presión extractiva sobre el acuífero. Y apunta la aportación de recursos hídricos de otras procedencias, eso sí siempre que estas alternativas tengan demostrada su viabilidad ambiental y supongan un menor impacto que la extracción de aguas subterráneas. No lo cita, pero el trasvase de agua desde la cuenca del Chanza al Condado de Huelva es la única solución que aparece en el horizonte político tras las reiteradas promesas de las autoridades andaluzas.
El Plan de Desarrollo Sostenible reconoce el problema que representan para la Reserva las aglomeraciones urbanas de Sevilla y Huelva y su crecimiento desaforado ligados a la segunda residencia. Los flujos son pues intensos y la concentración de vehículos y el tráfico ligado al uso recreativo de las zonas de playas son evidentes. El uso de los recursos territoriales tiene costes ambientales evidentes pero difícilmente resolubles. En contraposición, según la segunda versión del Plan, los beneficios económicos y sociales para la zona son escasos o nulos. Por eso el Plan de Desarrollo Sostenible plantea la necesidad de abordar este desequilibrio para garantizar el mantenimiento del capital natural asociado a estos espacios, reducir los impactos ambientales de los flujos de tráfico y racionalizar el uso incorporando beneficios económicos y sociales también para los residentes.
Almonte, Bonares, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa han experimentado un desarrollo espectacular en la última década, sobre todo desde el punto de vista agrícola, turístico y urbanístico. Y los proyectos no cesan. Solo la crisis del ladrillo ha parado recalificaciones pendientes de ejecutar ahora encajonadas en los ayuntamientos.
Dentro del refuerzo de las estructuras territoriales, el Plan hace hincapié en la mejora del transporte y la movilidad, sobre todo en lo relativo al transporte colectivo por carretera para flujos recreativos, la mejora de la red viaria comarcal, la mejora de primer nivel de caminos forestales, la conexión fluvial entre Isla Mayor y Lebrija, la adecuación de la A-483 para lo que se denomina flujos recreativos y la regulación del camino rural entre Villamanrique de la Condesa y El Rocío. Precisamente, en esta zona se produce desde hace años una afluencia masiva de vehículos a motor muy dañinos para el entorno, de ahí que haya voces contrarias al proporcionar el paso a los quads, un verdadero infierno para las aves y para los mamíferos, ante el riesgo de atropello y contaminación acústica de la Reserva de la Biosfera.
Y lo hace con propuestas arriesgadas al proponer la conexión por vía marítima entre Sanlúcar de Barrameda y Matalascañas, además de apostar por un utópico servicio ferroviario de cercanías, una medida ya puesta sobre la mesa hace más de una década cuando se creó la denominada comisión internacional de expertos sobre Doñana que trataba de calmar los ánimos tras estallar la polémica por la fiebre constructora en los terrenos de Dunas de Almonte y los pagos aledaños llamados del Asperillo.
Viejas recetas que siguen sin ejecutarse cuando la presión urbanística procedente de Sevilla ha obligado a ampliar carreteras, hacer desdobles y ha extendido la merienda urbanística hasta más allá de Chucena. Tal es el asedio del ladrillo sobre el ecosistema de Doñana que ya se habla de traer un carril más de la A-49 hasta La Palma del Condado.
El controvertido documento, que se encuentra ya en los despachos de la Consejería de Medio Ambiente, aunque olvidado y ralentizado a juicio de las organizaciones ecologistas, propone la recuperación de los ecosistemas, el refuerzo de las estructuras territoriales, la mejora de los equipamientos productivos e integración territorial, el reforzamiento de las capacidades de adaptación global y local de la población y las empresas, la mejora de la cohesión social y el refuerzo de los valores positivos y naturales de la imagen de Doñana. Tanto que algunos miembros de Consejo de participación de Doñana creen que no se llegará ni a ejecutar.
Los riesgos de Doñana ligados al desarrollo se sitúan, al margen del urbanismo, en los regadíos. Por eso el Plan de Desarrollo Sostenible considera crucial la reordenación de las zonas regables de la franja fresera, el fomento de control de riegos, una red de recogida de residuos agrícolas cada vez más visibles y la creación de un centro tecnológico de agricultura sostenible.
Tal es el problema endémico que sufre el acuífero 27 que el Plan deja claro el apoyo a iniciativas, ambientalmente viables, de reducción de la presión extractiva sobre el acuífero. Y apunta la aportación de recursos hídricos de otras procedencias, eso sí siempre que estas alternativas tengan demostrada su viabilidad ambiental y supongan un menor impacto que la extracción de aguas subterráneas. No lo cita, pero el trasvase de agua desde la cuenca del Chanza al Condado de Huelva es la única solución que aparece en el horizonte político tras las reiteradas promesas de las autoridades andaluzas.
El Plan de Desarrollo Sostenible reconoce el problema que representan para la Reserva las aglomeraciones urbanas de Sevilla y Huelva y su crecimiento desaforado ligados a la segunda residencia. Los flujos son pues intensos y la concentración de vehículos y el tráfico ligado al uso recreativo de las zonas de playas son evidentes. El uso de los recursos territoriales tiene costes ambientales evidentes pero difícilmente resolubles. En contraposición, según la segunda versión del Plan, los beneficios económicos y sociales para la zona son escasos o nulos. Por eso el Plan de Desarrollo Sostenible plantea la necesidad de abordar este desequilibrio para garantizar el mantenimiento del capital natural asociado a estos espacios, reducir los impactos ambientales de los flujos de tráfico y racionalizar el uso incorporando beneficios económicos y sociales también para los residentes.
Almonte, Bonares, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa han experimentado un desarrollo espectacular en la última década, sobre todo desde el punto de vista agrícola, turístico y urbanístico. Y los proyectos no cesan. Solo la crisis del ladrillo ha parado recalificaciones pendientes de ejecutar ahora encajonadas en los ayuntamientos.
Dentro del refuerzo de las estructuras territoriales, el Plan hace hincapié en la mejora del transporte y la movilidad, sobre todo en lo relativo al transporte colectivo por carretera para flujos recreativos, la mejora de la red viaria comarcal, la mejora de primer nivel de caminos forestales, la conexión fluvial entre Isla Mayor y Lebrija, la adecuación de la A-483 para lo que se denomina flujos recreativos y la regulación del camino rural entre Villamanrique de la Condesa y El Rocío. Precisamente, en esta zona se produce desde hace años una afluencia masiva de vehículos a motor muy dañinos para el entorno, de ahí que haya voces contrarias al proporcionar el paso a los quads, un verdadero infierno para las aves y para los mamíferos, ante el riesgo de atropello y contaminación acústica de la Reserva de la Biosfera.