File 13 golf courses and 35 hydroelectric stations for violating the decree of drought

Fri, 06/06/2008

ABC

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha expedientado en los últimos meses a trece campos de golf y «pitch &putt» —variante en la que los hoyos tienen distancias más cortas— y a 35 pequeñas centrales hidroeléctricas por incumplir el decreto de sequía. Desde abril de 2007, cuando entró en vigor este decreto, la Generalitat ha abierto 48 expedientes sancionadores a estas instalaciones por motivos como no haber presentado el programa de ahorro de agua o haber captado recursos subterráneos en plena época de sequía, informó a Efe el departamento de Medio Ambiente. En concreto, la ACA ha expedientado a siete campos de golf y «pitch&putt» por usar agua subterránea para regar, una de las medidas que, hasta hace sólo unos días, prohibía el decreto de sequía de la Generalitat. Entre los recintos expedientados están el Club de Golf LaRoqueta, de Castellgalí; el de Vallromanes; el de Montbrú-Moià, en Moià; el Centro de Golf de Sant Cebrià o el «pitch&putt» Montseny Esportiu, en Gualba, todo ellos en la provincia de Barcelona. Se han tramitado seis expedientes contra campos de «pitch & putt» por no presentar los pertinentes programas de ahorro de agua, cuatro de los cuales se han resuelto con sanciones de entre 3.000 y 6.000 euros. Se trata de los de Viladrau (Girona); Montseny (Barcelona); Residencial Villalba Golf, en La Roca del Vall_s (Barcelona), y el de Taradell (Barcelona). De pequeño tamaño En cuanto a las centrales hidroeléctricas, se han hecho en el último año 85 inspecciones,que han derivado en 35 expedientes sancionadores, de los cuales se han resuelto siete, se han sobreseído dos, quince están en fase de instrucción y once cuentan con una propuesta de resolución. Las hidroeléctricas que por el momento han sido sancionadas, todas ellas de pequeño tamano, están en Besalú (Girona), Gironella (Barcelona), Llanars (Girona), Puig-reig (Barcelona), Sallent (Barcelona), Sant Joan de les Abadesses (Girona) y Sant Quirze de Besora (Girona). Las hidroeléctricas expedientadas se enfrentan a sanciones de entre 6.000 y 30.000 euros, sobre todo por incumplir el caudal derivado. Las inspecciones en 2007 triplican las realizadas en 2005.