El agua del Ebro vuelve ser el centro de la discordia. El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que estudiará la posibilidad de un trasvase del río a Barcelona.

La transferencia de agua va cobrando fuerza en el Gobierno catalán para paliar la sequía que se cierne sobre la ciudad Condal. Lejos de rechazar esa opción de inmediato, como lo hizo al plantearse el trasvase del Ebro para la Comunitat, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a contemplar la petición. "Lo está estudiando la Generalitat y lo estudiaremos dentro de las distintas opciones que cabe imaginar en los próximos meses", afirmó la titular del Ministerio, Cristina Narbona.

La ministra apuntó que todavía no ha recibido ninguna petición formal por parte del Gobierno catalán. Pero aseguró que si está se efectúa, la estudiará. "Hay trasvases y trasvases, pero son sin duda la última opción. El Gobierno no tiene en absoluto ninguna posición fundamentalista respecto a los mismos como algunos quieren poner de manifiesto", aseguró. Además, Narbona valoró "de forma positiva" los esfuerzos de la Generalitat para acabar con la sequía.

Las reacciones a la posición del Gobierno con respecto al trasvase del Ebro a Barcelona- que pasa por llevar el agua del río Segre, afluente de la cuenca del Ebro, al Llobregat- no se han hecho esperar. La aceptación de Cristina Narbona de estudiar el trasvase tras haber descartado desde un primer momento el de Valencia, ha generado una gran indignación entre los empresarios de la Comunitat, que tildan la postura de Medio Ambiente de discriminatoria e inadmisible.

"Me parece perfecto que la ministra busque soluciones para Cataluña. Pero lo que no tiene sentido es que se haya opuesto al trasvase del Ebro a Valencia con un no rotundo y ahora decida estudiar el de Barcelona. Esa postura es inadmisible, absolutamente discriminatoria y supone un trato desleal", aseguró Federico Félix, presidente de la Federación Agroalimentaria de la Comunitat.

Y es que el trasvase del río Segre al Llobregat planteado ahora reabre la polémica del agua en la Comunitat. "Es una vergüenza. Pero no nos sorprende a ningún empresario valenciano. Sabemos la influencia que ejerce el Gobierno catalán en el central. En su momento alegaron que traer agua a Valencia perjudicaría la flora marina, ¿eso ya no ocurre si se trasvasa a Barcelona?", preguntó Arturo Virosque, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat.

"No me parece adecuado que se descarte el trasvase a la Comunitat y se acepte plantearse el de Barcelona. La Comunitat tiene un déficit estructural y es irrenunciable la transferencia de aguas sobrantes del Ebro para resolver el problema", apuntó el secretario general de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat.

En la misma línea de los empresarios se pronunció el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, a quien llama la atención "la rapidez con que el Gobierno da una negativa cuando se pide llevar agua desde Valencia y cómo ahora con Barcelona tiran balones fuera y no lo rechazan. Aquí se evidencia la incongruencia de cuando se toma una decisión errónea y con el paso del tiempo se le vuelve en contra. Eso le está pasando ahora a Narbona".

El debate también se ha reavivado a nivel político. El portavoz del PP en Les Corts, Ricardo Costa, aseguró que el Gobierno de Zapatero tiene miedo a pronunciarse sobre la transferencia de agua "porque sabe que va a conceder unos privilegios que a los valencianos ya nos negó en su día".

Por ello, reclamó que se retome la "sensatez hídrica" y que se vuelva a hablar de un trasvase del Ebro que abastezca a Cataluña, la Comunitat, Murcia y Almería.

El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, también acusó al Gobierno de jugar en contra de los intereses de los valencianos y de llevar una política de incongruencia. "Mantienen la derogación del Ebro a la Comunitat y no se definen ante la posibilidad de que estas transferencias puedan realizarse a Cataluña".

Desde la Conselleria recordaron que cuando se hizo la propuesta de transportar agua de la desaladora de Carboneras (Almería) a Barcelona en barcos, ya advirtieron de que era una "barbaridad porque es una opción muy cara". De hecho, ese es uno de los motivos que ha llevado al Gobierno catalán a barajar otras fórmulas, como la del trasvase. Y es que el precio del agua desalinizada y trasportada en barco es cinco veces superior a la que pagan actualmente los agricultores y puede llegar a doblar el precio del agua trasvasada.

De momento, esta aportación hídrica desde la planta de Carboneras al puerto de Barcelona es la única propuesta formal del Gobierno catalán. Sin embargo, el conseller de Medio Ambiente en Cataluña, Francesc Baltasar, ya anunció que si la sequía persiste, el trasvase se efectuará a partir de otoño y con un máximo de ocho meses de duración. "La aportación temporal no afectará a los regantes ni a los usuarios de Lleida", apuntó. Baltasar explicó que las infraestructuras tendrían un coste de unos 20 millones de euros y que el agua del Segre se llevaría a Greixa (afluente del Llobregat) a través de una galería paralela al túnel del Cadí.

Pero desde Cataluña algunos sectores ya han alzado la voz. El sindicato Unió de Pagesos denunció ayer que la Generalitat quiere ejecutar un trasvase de emergencia cuando está peligro los riesgos actuales y futuros de la cuenca del Segre. También el diputado de CiU en el Parlament, Ramón Espadaler, consideró que la cesión de agua del Segre "es un auténtico atentado ecológico".

Narbona explicó que si finalmente se trasvasa el agua, la obra no tendrá nada que ver con el trasvase que propuso el PP que fue derogado en 2004 "al ser inviable económica, social y medioambientalmente".