Poco a poco, los españoles parecen darse cuenta de que hay que ahorrar agua. Una cultura del ahorro que parece que ha roto una tendencia creciente en 2000, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entonces, el consumo total por habitante y día era de 324 litros. En 2005, último año con datos, estaba en 303, un 6,48% menos.
El fin de siglo parece que marca un antes y un después. En los datos del INE se ve cómo el consumo total aumentaba desbocado desde 1996. Precisamente aquel año había acabado la penúltima sequía que ha sufrido el país. El estudio acaba en 2005, primer año de la última, por lo que no se puede saber su impacto en la actitud de la población y las autoridades, advierte una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente.
Si se toman esos diez años, se observa un incremento en el consumo de agua de un 12,6%. Un crecimiento que, si no se confirma la última tendencia de ahorro, sería insoportable por el país que va a ser, según todos los expertos, uno de los más castigados por el calentamiento global.
Pero esta lectura ligeramente optimista se empaña cuando se analizan las tres partidas en las que distingue el INE los datos. El grueso del ahorro no depende directamente de los ciudadanos. Se debe al apartado denominado 'pérdidas de agua en la red de distribución', es decir, fugas y otros problemas en las tuberías y canalizaciones (como la evaporación en los sistemas abiertos, por ejemplo).
Este aspecto depende más de las administraciones autonómicas y locales que del cuidado que pueda tener un ciudadano en cerrar un grifo o en ducharse en vez de bañarse. Las pérdidas han ido bajando proporcionalmente desde 1999, aunque todavía representan un 17,8% del agua consumida.
Para una población a 1 de enero de 2006 de 44,7 millones (los datos se suponen cerrados a 31 de diciembre de 2005), ello quiere decir que de los pantanos, pozos, ríos y desaladoras salieron 881 hectómetros cúbicos de agua que no se usaron para nada. La cifra es enorme. Por ejemplo, el polémico trasvase del Ebro hacia las comunidades de Valencia y Murcia tenía previsto acarrear un máximo de 350 hectómetros cúbicos. Si se consiguiera el ideal -que toda el agua llegara a su destino- se ahorraría en toda España más del doble. Este ahorro aumentará en los próximos años, aseguran una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, con la puesta en marcha de planes de modernización de regadíos y sistemas urbanos que se han comenzado a partir de 2005.
Además, Medio Ambiente recuerda que en los últimos años ha habido numerosas campañas -nacionales y autonómicas- para que los ciudadanos ahorren agua, y ha aumentado su reutilización en la limpieza de las calles o en el riego de los parques y jardines públicos.
En cambio, organizaciones ecologistas como Greenpeace insisten en que las políticas de desarrollo no tienen en cuenta la sequía que viene. La construcción de nuevos campos de golf -la hectárea de regadío más rentable, según sus promotores, pero que necesita un riego asegurado- y las urbanizaciones en la árida costa del sur son una amenaza constante, según los ecologistas.
Curiosamente, las dos comunidades que más agua pierden son las más implicadas en la guerra del trasvase del Ebro: la mayor receptora, la Comunidad Valenciana, donde se despilfarra un 24,2% del agua y la teórica emisora, Aragón (aunque el agua se tomaría en la desembocadura del río, en Tarragona), con un 24,1%. En cambio, las que más eficientemente gestionan este recurso -entendido como que llega a su destino final- son Murcia (con una agricultura que se ha especializado mucho), Asturias y País Vasco (dos regiones que no suelen tener problemas de sequía). Precisamente el País Vasco y Murcia son las comunidades que, proporcionalmente, más han reducido el agua que se desperdicia. En el extremo opuesto están Galicia y Extremadura.
Frente a esta reducción en las pérdidas, el apartado correspondiente al consumo de los hogares (que incluye también aspectos como jardines, piscinas o huertos) no muestra una evolución tan favorable. Entre 2000 y 2005 bajó un 1,19%, lo que indica en la práctica una estabilización alrededor de los 165-170 litros por persona y día.
Esta cifra es, según los expertos, demasiado alta. 'Un consumo básico, al que todo el mundo tiene derecho y que se puede estimar en torno a unos 100 litros por habitante y día', afirma Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo. Viñuales defiende que a partir de esa cantidad el consumo de los hogares debería gravarse, para que las personas fueran más cuidadosas con el gasto de agua.